Los convenios entre el Gobierno central y el de Aragón reportaron a la comunidad 87.756.308 euros de financiación estatal a la comunidad, según los datos que ayer hizo públicos el Ejecutivo en funciones. Casi dos tercios de ellos (el 62%) fueron para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda, para cuyos tres años de vigencia llegaron 54,8 millones de euros. Aunque más de un año después de su firma, celebrada el 30 de julio del año pasado, las ayudas al alquiler del Gobierno de Aragón siguen sin llegar a sus destinatarios, entre el inicial atasco por las solicitudes, diversos problemas de tramitación y otros no del todo aclarados.
Además de esta aportación del Ministerio de Fomento, complementada con 16,4 millones del Gobierno de Aragón, la segunda gran inyección del Gobierno central vino de Política Territorial, con los 30 millones de euros destinados a las ayudas para la creación de riqueza en Teruel, con otros tantos a cuenta del Gobierno autonómico.
33 CONVENIOS
Estos dos convenios suman el 96% de los fondos que llegan del Estado por esta vía, aunque son solo dos de los 33 que se firmaron el año pasado. La explicación está en que gran parte de ellos son a coste cero, en función de fórmulas de colaboración entre administraciones.
Otros de los que más dinero supusieron fueron dos de los seis con el Ministerio de Agricultura, el que más fórmulas de este estilo utiliza. Se trató de los de exámenes técnicos para el registro de variedades vegetales para el almendro y el melocotonero (591.920 euros) y para el cerezo, peral y membrillo, con 261.536 euros. Otro para la estadística y formación en Medio Ambiente supuso 71.406 euros, mientras en otros dos fue Aragón la Administración que aportó el dinero: 264.167 euros para la gestión informática de la PAC y 718.704 para trabajos de control y teledetección de terrenos por satélite.
En Ciencia y Universidad, dos de las cuatro colaboraciones se firmaron sin coste. Una investigación sobre pimientos y cebollas se llevó 14.000 euros de ayudad de la DGA, y las actividades de extensión universitaria en el Centro Pirineos lograron 10.500 euros estatales y 19.500 autonómicos.
DEFENSA
Los cuatro convenios en Defensa, para docencia y uso conjunto de recursos, supusieron otros 1,6 millones para Aragón, entre la formación de la FP para militares (1,4 millones) y la recibida a través del INAEM.
En Sanidad, la inyección de fondos vía convenio fue escasa, con 100.000 euros para el programa de uso de bienes decomisados en operaciones contra la drogodependencia y otros 189.000 para las ayudas a la vacunación internacional por parte de profesionales aragoneses.
La última aportación del Gobierno central fueron los 60.000 euros, en dos partidas idénticas, destinados por el Ministerio de Transición Ecológica a unas jornadas de difusión del Derecho de Aguas en la Universidad de Zaragoza.
En el lado aragonés de la balanza, los 47.672.299 euros aportados por la DGA fueron en su mayor parte para los mismos programas que los estatales, aunque con el orden inverso: los citados 30 para Teruel y los 16,4 para el Plan Estatal de Vivienda.
El millón restante se repartió, además de en los citados de Agricultura y Universidad, en la asistencia jurídica penitenciaria (93.074 euros), la asistencia jurídica vía Universidad de Zaragoza (80.000 euros), y otros 32.652 euros aportados a un curso de enfermedades profesionales para personal sanitario, para el Ministerio de Trabajo. Este fue el único de este ministerio que requirió fondos, ya que no lo hicieron ni los planes de trabajo para las FP de Audiovisual y Comercio y Márqueting ni las actuaciones contra el amianto.
