En los casos de corrupción en los que recuperar el dinero es algo complicado, la figura del comiso suele ser una herramienta fundamental. Gracias a esta, los bienes e inmuebles derivados de la actividad ilegal de los acusados se arrebatan de sus manos y pasan a formar parte del erario público. En el caso Saqueo de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) la cifra intervenida podría alcanzar los tres millones de euros.

De todos los acusados, uno de los cerebros de la trama, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, resalta como al que, junto a su esposa Elena Planté como partícipe a título lucrativo, más comisos le van a llevar a cabo en la ejecución de sentencia cuando esta sea firme. De hecho, hay un plazo de cinco días para que la Fiscalía, la DGA o la propia empresa pública interpongan recurso. En concreto, más de 1,8 millones de euros.

Entre las intervenciones realizadas durante la investigación resalta una nave en Plaza que tendría un valor de unos 700.000 euros o el piso en el paseo Jaime I de Salou en el que, casualmente, fue detenido por miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

DINERO BAJO EL COLCHÓN

Allí, durante el registro de la vivienda, los agentes intervinieron nada menos que 419.970 euros debajo del colchón, cantidad que tampoco se le devolverá a García Becerril puesto que no ha podido justificarse su procedencia. No recuperará asimismo un ático en el que pasaba sus vacaciones el exgerente y que tendría un valor de unos 180.000 euros, así como un trastero en la localidad tarraconense por unos 30.000.

Pero a ello hay que sumar otras cantidades como los 13.000 euros procedentes del viaje a Brasil que disfrutó García Becerril junto con su esposa y sus hijas Carolina y Patricia, en septiembre del 2006. Los pagó Acciona y, según la investigación de la UDEF, fue como una «dádiva» motivada «bien por actos u omisiones que ha podido realizar como gerente de la sociedad Plaza en favor de la UTE Plaza», o bien «en consideración al cargo que desempeñaba».

Otra cantidad que se suma al comiso por este caso es, por ejemplo, los 69.600 euros que facturó Actividades Margalejo, una empresa de movimiento de tierras gestionada por José Luis Margalejo en la que figuró durante un tiempo Elena Planté, la esposa del exgerente de Plaza. Dicha cantidad respondió al concepto de trabajos de distribución, reformas y amueblamiento de edificios para oficinas, aunque tuvo como objetivo pagar la decoración y la reforma del ático de Salou.

Destaca también la intervención de casi 150.000 euros al empresario Francisco Hernández Langa, uno de los acusados que nada más destaparse el caso admitió que había realizado facturas falsas.

Otro de los acusados a los que se le realiza un decomiso mayor es al empresario de la construcción Miguel Cantero Molés, amigo del exgerente de Plaza. Entre bienes muebles e inmuebles se le intervendrán más de 570.000 euros, y destacan una vivienda, cinco garajes o dos trasteros en Montroig del Camp (Tarragona).

ORDENADORES

Pero no todo son grandes cifras, el Estado también hará suyos unos ordenadores de la empresa Intecsa-Inarsa en concepto de cohecho que recibió García Becerril o un equipo de vídeo valorado en casi 5.000 euros.

La sentencia también marca como responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos el pago de 14.848.363,30 euros. Como responsables directos están el exgerente Ricardo García Becerril; el directivo de Acciona José María Jordán; el director de obra Miguel Ángel Pérez Cervantes y el gerente de Intecsa-Inarsa, Nicolaas Adrianus Groeneveld, si bien Acciona decidió abonar ya esta cifra, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno de Aragón y que posibilitó otro con 22 de los 25 acusados antes de que comenzara el juicio. Fruto del mismo, los cerebros de la trama García Becerril y Jordán admitieron hechos, así como ingresar en prisión para cumplir una condena de dos años y un día, así como horas en trabajo para la comunidad, aunque lejos de los 23 años y los 10 años y 9 meses a los que se enfrentaban, respectivamente.

No obstante, Acciona fue más allá de los 14 millones y ofreció abonar a la DGA 60 millones de euros. No obstante, hasta alcanzar los 147 millones de euros defraudados, tanto el Ejecutivo autonómico como la constructora acudirán al arbitraje judicial que analizará el conjunto de la obra y el total de la cantidad reclamada desde el principio.