Existen varias sentencias en las que el Estado ha sido condenado a indemnizar a la familia de un preso que se ha quitado la vida en el interior de un centro penitenciario. Una de las últimas sentencias la dictó la Audiencia Nacional. Fue un caso ocurrido en la cárcel de Burgos y en el que el reo se quitó la vida colgándose de los barrotes de su celda usando una sábana.

Los magistrados impusieron al Ministerio del Interior una pena de 20.000 euros, tras entender que la Administración penitenciaria pudo haber puesto en marcha más medios de prevención en el caso de un preso que ya había intentado suicidarse ya varias veces. Según el expediente administrativo, el preso se había intentado quitar la vida o se había autolesionado en media docena de ocasiones en los últimos tres años, incluyendo una amenaza explícita.

Había sido incluido varias veces en el programa de prevención de suicidios, con presos de apoyo en la celda y también había sido expedientado y sancionado en varias ocasiones por agredir a otros internos e incluso amenazarles de muerte. Episodios que, para la Audiencia Nacional, tendrían que haber puesto sobre aviso a la administración penitenciario para extremar las precauciones. No obstante, los magistrados reconocieron que no se puede impedir al cien por cien el suicidio de un interno cuando éste tiene la firma y decidida voluntad de quitarse la vida.

Según fuentes consultadas, la familia de este preso podría solicitar una indemnización del Estado, después de que concluya la investigación interna. La situación ocurrida en el 2018 en la que el joven de 21 años decidió tragarse unos tornillos podría ser una prueba válida de cara a dicha reclamación.