El autor de la mayor estafa inmobiliaria denunciada en el Pirineo, Vicente Sánchez Izquierdo, celebra estos días su primer cumpleaños como prófugo de la justicia. Las 84 familias que vieron cómo sus ingresos para comprar viviendas en la urbanización Entre Pinos de Villanúa --eran 108, pero 24 de ellas pudieron anular los contratos-- iban a parar al bolsillo del promotor siguen esperando que, a falta de cobro, puedan al menos tener la satisfacción de verle entre rejas.

El abogado que les representa, el penalista Carlos Moreno, confirmó que siguen sin ver un euro de lo que invirtieron, sin contar lo que tuvieron que añadir para que las obras se completasen. Al parecer, tampoco tienen muchas expectativas de conseguirlo. "Les quedaba la satisfacción de verle entrar en prisión, pero no ha sido posible", lamentó.

Sánchez Izquierdo fue condenado a mediados del 2012 a tres años de prisión y 4.800 euros de multa como autor del fraude de 2,7 millones de euros del que fueron víctimas las familias. Tras los pertinentes recursos y la confirmación de la pena por el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Zaragoza --la mayoría de las víctimas eran de la ciudad-- le dio un plazo de diez días para que escogiese la prisión en la que más le convenía ingresar, a finales de julio.

Transcurrido el plazo, el estafador condenado no dio señales de vida, y finalmente los magistrados decretaron su busca y captura. Desde entonces, según confirmó el letrado, las familias no han tenido noticias del paradero del empresario. Ni del dinero invertido.

El autor de la estafa fue el promotor, a través de su empresa Covington, de la urbanización Entre Pinos de la localidad oscense de Villanúa. Entre 1999 y el 2002 captó a 108 clientes, que suscribieron contratos privados por los que se subrogaron en las hipotecas por valor de 1,8 millones de euros que había formalizado la promotora. Asimismo, aceptaron letras por valor de 1,2 millones de euros.

Más tarde descubrieron que su dinero no se había ingresado en la cuenta para garantizar el desarrollo del trabajo. De hecho, la constructora Garnasa paró las obras en julio del 2002, ante la falta de pago por parte de Covington, y embargó las viviendas. Los propietarios, salvo los 24 que pudieron retirarse de la compra mediante contratos de rescisión, tuvieron que poner más dinero para poder tener los chalets y pisos terminados y no perder así toda su inversión.