"Ya no sabemos qué hacer. Primero nos pidieron tal cantidad de dinero negro para un piso en Parque Goya que nos quedamos sin él después de denunciar el caso. Y en enero, para asegurarnos de una vivienda protegida, pagamos 1.500 euros para ser socios de una cooperativa en Valdespartera que resulta que no tiene ni suelo. Estamos gafados". La preocupación de esta pareja comenzó la semana pasada al enterarse de la investigación iniciada por Inspección a la gestora con la que ha firmado el contrato.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón está actuando contra una serie de gestoras de cooperativas y comunidades de bienes por actuar de manera "sospechosa" al cobrar de 500 a 1.500 euros por VPO que no tienen adjudicadas ningún solar. El concurso para que las cooperativas opten a siete parcelas en el barrio se fallará en julio. Y el plazo de presentación de ofertas finaliza a primeros de mayo. La DGA estudia además la posibilidad de actuar por "publicidad engañosa". La semana pasada citó a declarar a la primera empresa.

"Cuando leímos la información de EL PERIODICO no lo podíamos creer. Y volvieron los fantasmas de hace más de un año. ¿Qué hay que hacer en esta ciudad para conseguir una VPO?", se quejan.

Su caso comenzó siendo fruto de la mala suerte, pero también de la falta de información. De hecho, no son los únicos que ahora temen por esa inversión. "En ningún momento hemos creído que nos engañaban. Porque todo lo que hemos firmado parece legal. Además, esta vez nos fiamos ya que la cooperativa estaba avalada por el sindicato CSIF, o eso creímos entender", argumentan.

No obstante, la confusión y el desconocimiento sobre qué es una cooperativa o una comunidad de bienes es común en la mayoría de quienes han optado por este sistema para acceder a una VPO.

"Hemos acudido de nuevo y nos han explicado todo. Nos dicen que en caso de no conseguir un solar, los 1.500 euros servirán para otro concurso, y que entraremos en estas nuevas promociones según nuestro número de inscripción", afirman. Pero, a la pregunta de qué aparece en los estatutos de la cooperativa a la que ya pertenecen, lo desconocen.

Por su parte, la DGA quiere saber el por qué de una aportación de dinero tan importante. Las gestoras que han trabajado en concursos públicos anteriores cobraran de cero a 30 euros por mantener un listado de espera. Y hasta cien euros como aportación social en caso de que la cooperativa se constituyese.

El fin de semana acudieron como otros muchos al Salón Inmobiliario que se ha celebrado en la Feria de Muestras. Allí se apuntaron en todos los registros que encontraron. "No queremos caernos de este carro. Llevamos muchos años buscando. Incluso buceamos en el mercado de la segunda mano. Pero los precios son también abusivos", explican.

Ahora, su esperanza se basa en que su proyecto de cooperativa guste a la DGA. "Nosotros no tenemos la culpa de que el método seguido por la gestora no haya sido el adecuado. En todo caso, que paguen ellos".