A las 11 de la mañana a Rogia le temblaba la voz y el cuerpo entero. Faltaba una hora para que la desalojaran de la vivienda en la que vive con su hija de 8 años. "No sé a dónde iré, primero a la casa de los servicios sociales y si no, tendré que vivir en la calle. No puedo volver a mi país --Sudán-- porque mi hija estudia aquí y tiene su vida creada en Tarazona", decía. Una hora y 20 minutos después también temblaba y lloraba, pero esta vez de alegría. "Esta noche voy a poder dormir en casa con mi hija. Mi niña y yo. Estoy contenta de tener otra oportunidad". Viven con una prestación de los servicios sociales que no supera los 226 euros. La hipoteca y los gastos de la casa los paga su exmarido y propietario de la vivienda. Confía en poder seguir en la casa, "espero que no solo sea esta noche". Sin embargo, admite que es consciente de que "va a ser algo temporal". Pero mantiene la esperanza de que un juez le permita tener la custodia de su hija y el uso y disfrute de la casa en la que viven las dos. Hasta entonces, ayer decía que se había demostrado que "juntos, sí se puede".
