El Gobierno prevé presentar en la primavera del 2019 la estrategia nacional ante el reto demográfico, un auténtico pacto de Estado con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para combatir la despoblación, el envejecimiento y la dispersión poblacional

Así lo anunció ayer la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, tras presidir en Madrid la primera reunión convocada por el Gobierno para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que integra a las comunidades y las entidades locales.

Batet explicó que espera que el documento esté listo antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, pero, en todo caso, confía en que ningún proceso electoral «distorsione el objetivo compartido», que cree que tienen en este momento todas las administraciones implicadas.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, mostró ayer su confianza en que el Ministerio de Política Territorial cumpla el compromiso adquirido y pidió que la revisión pendiente del sistema de financiación autonómica contemple «los problemas demográficos como la baja densidad, el envejecimiento o la dispersión de población», dijo.

Aragón pretende que se compense a las comunidades el sobrecoste que acarrea para los servicios públicos fundamentales que prestan como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Guillén defendió así ante la ministra Batet el acuerdo suscrito en Zaragoza el pasado día 10 por seis presidentes de comunidades —Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón— para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los ciudadanos.

El consejero aragonés participó junto al comisionado para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allué. Este destacó «la voluntad clara» en la reunión de asegurar la igualdad de servicios, de derechos y oportunidades.