La Dirección General de Consumo quiere conocer "la situación real sobre accesibilidad que presentan las zonas comerciales y los mercados de Zaragoza". El director general, Vicente Piñeiro, confirmó ayer el encargo de un estudio que detalle las dificultades que encuentran los discapacitados físicos relacionadas con su actividad como consumidores y usuarios de bienes y servicios.

Desde la altura de los mostradores al acceso a los establecimientos, pasando por los probadores. Aunque desde 1997, todo establecimiento comercial nuevo tiene la obligación de eliminar las barreras arquitectónicas, al parecer esto no se cumple. Como tampoco el que todos los cines o incluso edificios públicos estén adaptados.

Este trabajo se enmarcará dentro de los convenios anuales que, desde hace cuatro años, viene firmando el Departamento de Consumo del Ejecutivo autonómico con las asociaciones de discapacitados. Así lo aseguró Piñeiro en el Aula de Consumo que se celebró ayer en el Pignatelli, y que se centró en los problemas de los discapacitados, sobre todo en lo referente a la vivienda, comercio y transporte.

"Las comunidades de vecinos son reacias a acometer las reformas que faciliten la accesibilidad de los disminuidos por su coste económico, pero también porque no son conscientes de esa necesidad", aseguró ayer la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Discapacitados, Marta Valencia. Por su parte, Ana Laplana, coordinadora del Centro de Apoyo Social de Disminuidos Físicos de Aragón, recordó la necesidad de adaptación de la flota de transporte público de Zaragoza.