El exalcalde popular de Teruel Manuel Blasco prestó ayer declaración en los juzgados de la capital en relación con las supuestas irregularidades urbanísticas en el barrio de Pomecia. Una propietaria de terrenos, Isabel Gorbe, acusa a tres exregidores de la capital turolense de favorecer asentamientos ilegales en la zona que supusieron la ocupación de entre 8.000 y 10.000 metros en parcelas que le pertenecían.

En la misma jornada estaba previsto que prestaran declaración asimismo los exalcaldes Miguel Ferrer y Lucía Gómez, pero un problema familiar de la representante de la denunciante impidió que lo hicieran y se pospuso para mañana y pasado.

Tras su declaración, Blasco, que actualmente es diputado en el Congreso, se mostró ante los medios de comunicación

«con la conciencia muy tranquila» por su actuación en el caso, según informó Efe.

Blasco no quiso hacer más declaraciones, puesto que, según explicó, ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el asunto, pero aseguró que confía en la Justicia y que «todo el mundo sabe en Teruel» la situación que se vive en este barrio.

Sí se ha pronunció ante los periodistas su abogado, Juan Carlos Monclús, que calificó la denuncia de Gorbe de «querella torticera y temeraria» que podría llegar a considerarse una «coacción».

COMPETENCIAS // Recordó sobre la actuación de su defendido cuando era alcalde de Teruel que tenía las competencias de urbanismo delegadas y hacía lo que le aconsejaban los técnicos.

En la misma línea se expresó otro de los exalcaldes investigados, Miguel Ferrer, que insistió en que los alcaldes hicieron «lo que legalmente nos aconsejaban que hiciéramos», y destacó que su actuación como alcalde en relación con este barrio de la ciudad fue «correcta».

«Cuando estuve intenté solucionarlo con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana». «Es un tema de muy difícil solución», afirmó, porque no solo se trata del «problema del asentamiento, sino también de darles vivienda a las personas que están allí».

Se trata de un problema «enquistado de difícil solución» y cree que éste deberá abordarse con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, aunque considera «difícil» que se pueda hacer en una sola legislatura.

La investigación se está llevando a cabo a partir de la denuncia presentada por Isabel Gorbe que acusa a tres exalcaldes y varios técnicos municipales por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por las actuaciones realizadas en los últimos años en este barrio en el que hay decenas de casas de manera irregular.

Hoy están llamados a declarar varios técnicos municipales.