Un exalcalde y un exsecretario de Fuentes de Jiloca aceptaron ayer en la Sección VI de la Audiencia de Zaragoza sendas penas consistentes en 1.200 euros de multa, con respecto al antiguo regidor, y dos años de cárcel y 1.680 euros de multa para el funcionario municipal. Ambos estaban acusados de falsificar documentos públicos realizados para la obtención de subvenciones para la red y el ciclo del agua por un importe de unos 27.000 euros. No hubo enriquecimiento personal en ninguno de los dos acusados y la sala les aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones extraordinarias e indebidas en el procedimiento.

Según el escrito de acusación, el exsecretario del consistorio, Miguel Ángel López, falsificó una serie de firmas en documentos para la obtención de subvenciones públicas, unos hechos que se remontan al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008. Aunque se solicitaron diversas ayudas solo se llegó a percibir una de ellas, destinada a la mejora de la red de saneamiento.

Inicialmente, el fiscal pedía para él cinco años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documentos públicos, pero su letrado, Alexis Guajardo, llegó a un acuerdo con el ministerio público y, tras el reconocimiento de los hechos por su cliente, consiguió una reducción de la pena.

El exalcalde de la localidad, Julián Ferrer Bozal, se enfrentaba en principio a tres años y medio de cárcel. Su abogado, Roberto Gállego, llegó asimismo a un acuerdo con el fiscal que derivó en una pena de multa sin cárcel por un delito de falsedad en documento oficial cometido por imprudencia.

POCO TIEMPO EN EL CARGO

Gállego mantuvo que su cliente acababa de llegar al cargo cuando ocurrieron los hechos y que por ello estampó su firma en una serie de documentos para la tramitación de subvenciones «sin saber exactamente qué firmaba ni las consecuencias de sus actos».

«No hubo ni lucro personal ni desvío del dinero», aseguró este letrado, que subrayó que fue una «falsedad pura y dura» cometida para llegar dentro de plazo al cobro de ayudas para la realización de obras en el municipio.

Por su parte, Alexis Guajardo argumentó que, en lo que concierne al exsecretario municipal, el único problema habido fue que el dinero de las instituciones públicas no se destinó a las obras para las que se había recibido, relacionadas con la red de agua, sino a otro tipo de trabajos «igualmente necesarios y beneficiosos para el pueblo».

NO HUBO APROPIACIÓN

En la subvención efectivamente cobrada por el ayuntamiento, el escrito de acusación establece que uno de los imputados, Miguel Ángel López, era una de las personas autorizadas en la cuenta bancaria del consistorio donde fue ingresada.

Sin embargo, añade la versión facilitada por el fiscal, «no consta que se apropiase de la misma en su favor o en beneficio de terceros o que destinase la misma a usos ajenos a la función pública».

Las irregularidades en la documentación para la petición de subvenciones fueron detectadas por peritos expertos en grafología. En ocasiones, el supuesto firmante, cuya rúbrica se imitaba, era una persona ajena por completa a la táctica utilizada en la tramitación en curso.