El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel dictó ayer un auto en el que declara el sobreseimiento provisional de la causa contra los exalcaldes de Teruel Manuel Blasco (PP), Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE) por su actuación en relación al conflicto urbanístico del barrio de Pomecia de la capital turolense, según EFE.

Así, el magistrado basa su decisión en que no existen «indicios racionales de criminalidad» en la actuaciones de los alcaldes y de los dos funcionarios, acusados de prevaricación por Isabel Gorbe, la dueña de los terrenos en los que se han ido construyendo edificaciones ilegales en las últimas décadas.

Sí considera el juez en su auto, que puede ser recurrido, que la causa continúe con respecto al investigado Jesús Fuertes, en su etapa como concejal delegado de Urbanismo, por «prevaricación» y por un «presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos», porque considera que pudo «dormir» expedientes del 2013.

Recuerda el magistrado en su auto que el problema urbanístico en el barrio de Pomecia de la capital no ha surgido de manera reciente, y destaca que no se trata de un «supuesto de corrupción urbanística donde los políticos de turno hayan intentado llenarse los bolsillos con comisiones, enriqueciéndose ellos mismos o sus allegados o próximos».

Aclara que el origen de «la evidente vulneración de la legalidad urbanística» en este barrio se remonta a los años 60, cuando «se cedieron terrenos a favor de alguna familia gitana», y a partir de ahí «estas familias comenzaron a ampliar las zonas ocupadas, de espaldas a la normativa aplicable» hasta llegar a una situación, dice el auto, de «confrontación entre legalidad urbanística y un problema social». Al tiempo que los derechos de la propietaria de los terrenos se ven afectados.

Así pues «lo se que se le reprocha a los investigados realmente es no haber tomado el toro por los cuernos y haber dado una solución ajustada a derecho a la problemática urbanística». Es por tanto, a juicio del magistrado, «un presunto delito de prevaricación por pasividad». En este contexto, el juez diferencia tres fases en la investigación, la primera la de la actuación de los exalcaldes Miguel Ferrer --desde el 2007 al 2010-- y Lucía Gómez --del 2003 al 2010, como alcaldesa y primero y concejal de Infraestructura después-- que «no ha podido acreditarse» que tuvieran una voluntad de «imponer un criterio contrario a derecho».

La propietaria había denunciado de este periodo que el ayuntamiento había ocupado terrenos de su propiedad en el barrio, algo que el juez entiende que se hizo «por razones de seguridad y salubridad» por lo que la actuación del consistorio no fue «caprichosa ni arbitraria». Reconoce además que es durante el mandato de Ferrer y Gómez cuando «se comenzó a intentar dar respuesta a los problemas planteados». Posteriormente, se dictaron órdenes de demolición, pero fueron recurridas y no se ejecutaron.