Más 4.000 aspirantes a un puesto público de auxiliar administrativo en el Gobierno de Aragón tendrán que repetir el examen que realizaron el pasado mes de julio. La razón está en un informe del Consejo Consultivo de la comunidad en el que se consideran nulos los acuerdos de los tribunales calificadores que valoraron esta prueba por no especificarse en las bases de la convocatoria cómo se debía superar el primer ejercicio.

Aunque el propio tribunal calificador trató de resolver el problema que no se especificaba en las bases, el órgano consultivo establece que al no haberse producido una comunicación previa a los opositores se cometió un error. Así, el informe habla de «defectos jurídicos insuperables» y sugiere que se repita el primer ejercicio «en las condiciones adecuadas y jurídicamente correctas». El 30 de noviembre se suspendió provisionalmente la oposición hasta que se resolvieran los recursos de alzada interpuestos por algunos de los opositores a cubrir 133 plazas.

La DGA ha recogido el guante, y aunque los documentos del Consejo Consultivo no son de aplicación obligada, ayer anunció que se volverá a convocar el examen. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, explicó que tras analizar un informe «muy claro» no queda otro remedio que volver ha hcer las pruebas. «Ya he dado instrtucciones a los técnicos para que preparen una resolución que recoja las instrucciones del organismo», señaló.

Gimeno dijo que todavía es pronto para considerar nulo el proceso anterior, a la espera de que se resuelvan algunas de las alegaciones presentadas, pero que lo antes posible se convocarán de nuevo, aunque sin detallar nuevas fechas. «La voluntad política es que sea lo más rápido posible», estableció. Sin embargo, matizó que todavía es pronto para aventurar una resolución al existir personas que no están de acuerdo con el informe.

En términos concretos, además de los más de 4.000 aspirantes al puesto, están afectados por esta decisión los 379 aprobados que no estaban seguros de que su puntuación directa neta en los ejercicios era la que se correspondía a la realidad.

OPOSICIÓN

Las voces críticas desde la oposición a la gestión del proceso no se hicieron esperar. Por parte de Podemos se calificó el proceso como «uno de los más chapuceros de la historia de los exámenes de la Administración pública» y se criticó la intervención de Gimeno. «Se trata de un error más del consejero que vuelven a pagar los aragoneses», indicó la diputada Marta de Santos. Por parte del PAR se tildó de «auténtica barbaridad» la decisión del departamento de Hacienda. Y el sindicato CSIF también denunció el «malestar» y la «manifiesta incompetencia» mostrada por el consejero.