La adjudicación a la UTE Acciona-Mariano López Navarro de las obras de ampliación de Plaza y de su apartadero ferroviario se hicieron con informes jurídicos a su favor. Así lo aseguraron cuatro exconsejeros de Plaza ante el juez de Zaragoza que investiga este caso de presunta prevaricación a favor de esta empresa por valor de 15 millones de euros.

De hecho, el exconsejero delegado y viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó; la exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, María Teresa Verde; el exconsejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, y el consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), José Luis Abad, coincidieron en mantener que estuvieron "suficientemente" informados por parte de los servicios jurídicos internos y externos, así como también por parte del exgerente de la plataforma e imputado, Ricardo García Becerril.

El hilo argumental fue el mismo entre estos imputados, que están siendo defendidos por Enrique Trebolle, Carmen Cifuentes y Juan Monclús, el de asegurar que en las diferentes reuniones del consejo de administración se trató la necesidad de hacer un contrato negociado ante la petición de las empresas que querían implantarse en la Plataforma Logística de Zaragoza. En concreto Decathlon y BSH.

RIESGO Aseveraron que ambas firmas pusieron grandes condicionantes al centro logístico que les hicieron obrar con unos plazos que necesitaban "urgencia". En este sentido, el exconsejero Larraz apuntó que "es posible que en el caso de Decathlon hubiera penalizaciones por incumplimiento, algo que no era inusual". Su compañera en el Gobierno de Aragón, María Teresa Verde, fue más allá de esa afirmación al decir que "había un riesgo de que las empresas buscaran otra ubicación".

Que las empresas decidieran no establecerse en Plaza fue una preocupación compartida a la vista de estas declaraciones, ya que llegan a calificar la operación urbanística como "buena para la sociedad", como así lo apuntó el entonces representante de ZAV en el consejo, José Luis Abad, o "que no solo suponía un número importante de puestos de trabajo, sino también un contrato muy importante para Plaza", que mantuvo Alberto Larraz.

Sobre quién decidió que fuera esta UTE la constructora encargada de los trabajos ninguno lo precisó, aunque Escó sí quiso resaltar que uno de los criterios de selección fue que "hubieran trabajado en algunas de las plataformas logísticas aragonesas con relación a este tipo de labores en líneas férreas". No obstante, quiso dejar claro que no tuvo intervención alguna en la preparación de los contratos porque "no era su labor".

ARCHIVO Durante la toma de declaraciones, según pudo saber El PERIÓDICO, los servicios jurídicos de la DGA entregaron un informe en el que el Tribunal de Cuentas dice al juez que este organismo no tiene abierto ningún tipo de investigación con respecto a este asunto. Fue este Gobierno, que actúa como acusación, el que presentó un informe en el que exponía que recibió, aunque tarde, la documentación justificativa de las adjudicaciones exprés, y dio por aclarado el asunto.

Los encargados de respaldar jurídicamente estas decisiones, los abogados Ignacio Sarriá y José Manuel García-Figueras, puntualizaron que ellos no eran los encargados de dar la información a los consejeros, si bien ofrecían lo que se les solicitaba. También admitieron que los requisitos de las empresas a instalarse hicieron que el contrato fuera de estas características y que contaba con informes técnicos que también lo respaldaban.

Entre hoy y el jueves están citados otros seis imputados, salvo los tres aforados.