Un exempleado de banca que cumple condena en el centro penitenciario de Zuera por estafa, José Luis García Baquerizo, forzó ayer la suspensión de la vista oral en la que se le iba a juzgar por otro hecho similar al renunciar a su abogado al comienzo del proceso.
El acusado, que se enfrenta a un máximo de seis años de cárcel por, supuestamente, estafar a una clienta de su antigua sucursal y por falsedad en documento mercantil, explicó al tribunal que el letrado que le representa solo ha ido a verlo una vez a la cárcel y no le ha comunicado el contenido de la causa. Su letrado desistió asimismo de su defensa.
El tribunal, la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza, accedió a su petición, pero un magistrado recordó al imputado que el día 28 de marzo volverá a ser juzgado por otro asunto «idéntico», motivo por el que consideró que conviene designar cuanto antes un nuevo letrado.
Luis García Baquerizo está inmerso en un complejo proceso judicial con distintas ramificaciones que ya le valió una condena de la que todavía le quedan tres años por cumplir, según él mismo explicó a la sala.
La cantidad estafada asciende en total a 390.000 euros que supuestamente se detrajeron en un periodo de seis años, entre el 2010 y el 2016.
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA
En el asunto suspendido ayer, la depositante que lo denunció no quiso revelar la suma supuestamente defraudada. Su abogado, el letrado David Burgos, señaló fuera de la sala de vistas que el exempleado se apropió del dinero que su clienta había ingresado en un producto financiero de la entidad, para lo que tuvo que manipular la documentación legal.
Se trata de uno de los varios casos en los que el acusado se ha visto implicado. En uno de ellos, el Tribunal Supremo falló en segunda instancia, en contra del criterio de la Audiencia de Zaragoza, que la entidad para la que trabajaba García Baquerizo, Caixabank, era responsable civil subsidiaria.
El alto órgano judicial consideró que la entidad de crédito debía hacerse responsable del perjuicio económico causado, dado que los productos financieros ofrecidos a los clientes por el acusado, que es insolvente, venían avalados por la misma.
En la vista suspendida ayer, el ministerio público, que se mostró conforme con el aplazamiento del juicio, solicita cinco años de privación de libertad por la comisión de los delitos de estafa y de falsedad en documento mercantil.
Tan pronto como el acusado haya designado un nuevo abogado defensor, la Sección Tercera fijará fecha para la celebración de la vista oral.
