El exgerente de la empresa pública Plaza, Ricardo García Becerril, pisó ayer de nuevo la calle tras depositar sus abogados, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, los 300.000 euros en los que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, cifró la fianza que le permitiría salir de la cárcel tras haber ordenado su ingreso el pasado viernes a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el caso saqueo.

García Becerril salió del penal zufariense poco después de las ocho de la tarde, a cuyo módulo 2 fue asignado el pasado lunes, después de que sus letrados depositaran en torno a las cinco de la tarde la fianza en forma de avales ante el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital aragonesa, que ayer se encontraba de guardia.

Los abogados llevaban toda la semana manteniendo contactos con familiares de García Becerril y con otras personas de su entorno con el fin de reunir la fianza, hasta que ayer lograron aportar las garantías financieras que permitieron la excarcelación del imputado.

CINCO DELITOS El auto por el que el magistrado decretó el pasado viernes la prisión eludible bajo fianza para García Becerril le imputaba a este la comisión, indiciariamente, de cinco delitos cuyas penas superan los veinte años en los que la legislación española limita el cumplimiento para los delincuentes que no han cometido delitos de sangre. Esa lista incluye la prevaricación --penada solo con inhabilitación--, el cohecho, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales, la falsedad documental y el blanqueo de capitales.

El fiscal Anticorrupción, Juan José Rosa, había pedido inicialmente una orden incondicional de ingreso en prisión y, subsidiariamente por si el juez consideraba excesiva esa medida, una de encarcelamiento eludible con una fianza de medio millón de euros. El magistrado se inclinó por la segunda, aunque atenuando la propuesta del ministerio público.

García Becerril se convirtió ayer en el imputado que paga la segunda fianza de mayor cuantía fijada por los juzgados aragoneses para eludir la prisión. La más elevada la depositó en julio del 2009 la entonces alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, que afianzó 800.000 euros para salir a la calle tras haber sido detenida en la redada de la operación Molinos.

Desbanca de la segunda posición al empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, imputado también en el caso La Muela, y de la tercera al presidente de Aranade, Julián de Miguel, encartado en el mismo asunto, que pagaron, respectivamente, 240.000 y 120.000 euros.

RECURSO Pese al depósito de la fianza, los letrados del exgerente de Plaza han formalizado ante la Audiencia Provincial de Zaragoza un recurso de apelación contra el auto de prisión. Reclaman que revoque esa resolución --alegan que, pese a los avances de la investigación, no existían motivos para modificar su situación cuando el reo había cumplido todas las comparecencias que le han sido impuestas-- o que, de no hacerlo, reduzca su cuantía.

El mismo auto de prisión incluía una orden de embargo de siete propiedades inmobiliarias de Ricardo García Becerril y de su esposa, Elena Planté. Entre otras, un piso con trastero y garaje en la avenida César Augusto y una casa en San Mateo.

El mismo día, por la tarde y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor del caso saqueo ordenó el bloqueo de los saldos y los intereses de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública y otros activos financieros que el matrimonio García-Planté pueda tener en medio centenar de entidades bancarias.

El auto ordena también a los bancos que retengan cualquier ingreso o crédito que pueda llegar a esas libretas, que localicen y bloqueen las cajas de seguridad que la pareja pueda poseer y que remitan a la Policía "toda la información" sobre las cuentas.