El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, ha solicitado al juez del caso saqueo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, que anule las pruebas obtenidas en el disco duro de su ordenador de trabajo.

Los abogados de este imputado, José María Gimeno del Busto y José María Pabán han afirmado en un escrito que el sucesor de García Becerril en la empresa pública, Jesús Andreu, pudo "desarrollar labores de eliminación, creación o manipulación de archivos informáticos".

DUDAS

Estos letrados ponen en duda estos emails, recordando que el ordenador examinado fue heredado por el actual gerente, que fue uno de los denunciantes ante la Fiscalía Anticorrupción de este caso que suma hasta la fecha 23 imputados y más de 80 millones de euros malversados.

"Son evidentes las incertidumbres sobre la ausencia de posibles alteraciones en el contenido del ordenador durante los más de dos años transcurridos desde que García Becerril cesó en el uso del mismo hasta el momento en el que fue puesto a disposición del juzgado para su análisis", aseveran.

García Becerril también reitera su solicitud de "más tiempo" para analizar todos los correos electrónicos en poder de la Policía Nacional, puesto que "debe analizar si alguna de esas comunicaciones presenta un contenido que afecte a la esfera personal e íntima de él y su familia, y no guarda relación con los hechos objeto de investigación".

En el análisis del mismo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló numerosos correos electrónicos que comprometerían al exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó.

Como publicó este diario, el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza reveló que el político altoaragonés pudo otorgar a dedo varios proyectos a empresas como Basat, Grupo Floria o a Repsol.

También salió a la luz que pudo amañarse el concurso para que la UTE liderada por Acciona realizara las obras de la segunda fase de Plaza. En uno de los archivos intervenidos reconocía que recibió una orden "de la Consejería" para que el director técnico Miguel Ángel Pérez --imputado también en este asunto-- consiga que esta constructora alcance un total de 59 puntos, en detrimento de la UTE formada por ACS-Arascon.