Las supuestas irregularidades en la gestión de Plaza ya eran conocidas por miembros del anterior Gobierno de Aragón desde que comenzó este proyecto. En el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, que ayer se le hizo llegar al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, se revela que el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, hablaba de concursos "a dedo" realizados por el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, a sus amigos.

García Becerril, que está imputado en este asunto denominado caso saqueo, mandó al exconsejero de Economía, Eduardo Bandrés, --posteriormente abandonó el cargo en la DGA para presidir el Real Zaragoza de Agapito Iglesias-- varios correos en los que afirmaba que Escó "estaba teniendo una actitud muy agresiva" hacia él. Resalta que con su gestión consiguió reducir el presupuesto de ejecución de Plaza desde 3.000 millones a 2.000 de las antiguas pesetas, si bien "Escó no ha perdido la oportunidad de criticar en varias reuniones mi manía de ahorrar en las contrataciones".

AMENAZAS Afirma incluso que se ha sentido "amenazado" por parte de Escó cuando se negó a formalizar un contrato sobre comunicaciones y servicios en Plaza con "un consultor especialmente designado por el propio Escó y con un presupuesto dudoso". Llega un momento en el que García Becerril no puede más y le dice a Bandrés que este tema ya lo ha hablado con un compañero suyo, el exconsejero de Obras Públicas Javier Velasco, y que es "inaceptable" que Escó "reaccione de esta manera, cuando no se hace lo que quiere, aunque sea irregular".

Otro de los correos analizados por la Policía Nacional es uno que tiene el título de "confidencial" y en el que García Becerril propone a Bandrés, a partir de su secretaria, que en la sesión del 15 de octubre del 2003 se aproveche la reunión del consejo de administración de Plaza para tratar tres puntos: estado del desarrollo económico de Plaza, venta y cesiones de suelos servicios (gasolineras, párking, hoteles, etc) como fuente de ingresos permanente y, el apartado más sorprendente, irregularidades de gestión.

Este mal entendimiento proseguiría en el año 2004 con quejas del exgerente hacia la actuación del exviceconsejero, que también ocupaba el cargo del consejero delegado en Plaza. Llegó incluso a decir, según el informe policial, que la gestión "adolece de ética en varias situaciones".

Entre todos los emails analizados resalta uno enviado por Ricardo García Becerril a José Luis Marqués, miembro del consejo de Plaza, bajo el asunto Miserias. En él describía "las últimas actuaciones de CE --como llamaba García Becerril a Escó--".

Resalta la adjudicación "directa" al Grupo Floria de un proyecto de revestimiento de fachadas, en mayo de 2004, en el edificio de la subestación eléctrica, en el centro de transformación y en la toma única del canal. Esta empresa hizo estas obras por 344.405 euros, si bien el exgerente resalta que "esta cantidad está en los presupuestos de Plaza para hacerlo en seis edificios y Floria se los gasta en tres, además de tener un cargo de un 8% porque se hacen vía Acciona".

Todos estos documentos hallados en los ordenadores del exgerente, una vez examinados, han arrojado nuevos datos a la denuncia inicial realizada por la Fiscalía Anticorrupción. Ante ello, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera solicitó ayer al juez instructor que haga un requerimiento por el que Plaza aporte todo tipo de contratos y facturas relacionadas con estos correos. De confirmarse, Carlos Escó podría ser el siguiente imputado en este caso.