El exjuez diocesano de Zaragoza Roberto Ferrer explicó ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital aragonesa que se gastó gran parte de los 3.360 euros del juzgado que le acusan de haberse quedado en beneficencia, en «obra social», como la llamó él, ayudando a una feligresa en apuros económicos, como ella confirmó, además de comidas de simposios eclesiásticos y otros eventos organizados por el órgano religioso. El vicario judicial, que así se denomina el cargo, exoneró a su compañera de banquillo y exnotaria del juzgado diocesano, Carmen Amador, de cualquier intervención en la trama, pues ella se limitó a cobrar los cheques por indicación suya y a darle el dinero. En cualquier caso no vio nada delictivo en ello, por el peculiar origen del dinero y, por lo visto ayer, por la también peculiar contabilidad del tribunal.

Las explicaciones no convencieron a la Fiscalía, que mantuvo la petición de dos años de cárcel por apropiación indebida para ambos, ni al propio Arzobispado de Zaragoza, que mantuvo los 21 meses de cárcel por el mismo delito. No pudo sumar otros 21 meses por falsedad documental en los cheques porque el juez instructor no vio el delito.

MINUTAS

El origen del dinero bajo sospecha está en las minutas de un perito psicólogo judicial, Pascual Hernando. En diciembre del 2014, siguiendo las directrices del Papa Francisco de facilitar a los fieles la nulidad matrimonial -y aprovechar así la segunda ronda de bodas que se iban a lo civil-, el perito decidió renunciar a cobrar sus honarios, según le hizo saber al juez.

No quedó del todo claro, porque la explicación variaba según se le planteaba la pregunta, si le dijo expresamente que ese dinero lo dejasen de pagar o que hiciese lo que creyese conveniente..

Esto último es lo que parece que interpretó el exjuez diocesano. Según explicó, al negarse el perito a percibir esos ingresos, se creaba un «agravio comparativo» para los que no les tocase Hernando de perito. El sistema del juzgado funciona, según se explicó en la vista de ayer, cobrando un porcentaje por encima del coste de los honorarios (de abogado, perito, etc.) para tener un remanente, tanto para gastos corrientes del órgano como para una especie de Justicia Gratuita para las familias desfavorecidas.

La normativa, según el exjuez, marca claramente que el que pueda abonar la factura ha de hacerlo. «La fórmula que encontré», justificó, fue seguir cobrando. En la contabilidad se reflejaba el cheque de salida contra la cuenta del arzobispado pero este, en lugar de ir para el perito, iba a «un sobre» para otros gastos.

Entre ellos, ayudas para una feligresa, a la que según declaró ella misma abonó facturas de la luz, alquiler o comida. Una labor sin duda propia de la Iglesia, quizá no tanto de un tribunal diocesano, que el exjuez justificó porque «si una persona viene a pedir una obra social, la hago». También abonó gastos de simposios, incluidas comidas, expuso, aunque cree que no se llegó a gastar los 3.360 euros (o 3.800, según el Arzobispado) y que algo quedó.

DESCONTROL

Según se comprobó en el el juicio, el control económico del tribunal era bastante laxo. De hecho, su sucesor supo a mediados del 2015, cuando el exjuez y la exnotaria fueron cesados, que el perito no cobraba desde principios de año, pero igualmente firmó que las cuentas estaban bien en febrero del 2016. Este aval de las cuentas, junto al hecho de que el dinero no fuese para su beneficio, fueron alegados por los abogados del exjuez y la exnotaria, José Luis Melguizo y Fernando Lacruz, respectivamente, para pedir la absolución de ambos, entre otros motivos,

Según el propio exjuez, él podía hacer con las cuentas «lo que me daba la gana, pero diciendo qué me daba la gana hacer», en una explicación ante los obispos al año. Y en el 2015 les hubiese explicado la «situación excepcional» creada por el perito, según coincidieron los acusados, si no fuera porque le cesaron antes, fruto de una trama conspiranoica en el Arzobispado que alcanza, con este, su último capítulo judicial.