La exnotaria del Tribunal Interdiocesano de 1ª Instancia de Zaragoza, María del Carmen Amador, volvió ayer al juzgado. Esta vez para declarar, en calidad de imputada, por los anónimos enviados a los medios de comunicación en los que se criticarían moralmente determinados comportamientos de miembros de la Iglesia de Zaragoza y, especialmente, al que fuera pastor de la misma, Manuel Ureña, a quien se le acusaba de, supuestamente, consentir un lobi gay entre los religiosos.

Dichas cartas fueron remitidas cuando se produjo la polémica salida de Ureña tras el pago de una importante cantidad económica al diácono Daniel Peruga para, presuntamente, tapar una serie de comportamientos sexuales por parte del párroco, si bien no fueron denunciados nunca ante ningún juzgado.

Esta denuncia se une a otra por haberse quedado dinero de unos cheques del arzobispado y, para ello, falsificar la firma de su jefe. Tanto ella como el sacerdote al que, al parecer, le copió la rúbica negaron la acusación.

Por otro lado, la Policía investiga al arzobispado por, presuntamente, espiar a la exnotaria. Amador denunció al arzobispo Vicente Jiménez por autorizar el «volcado de la copia de seguridad del teléfono móvil, incluyendo las conversaciones de Whatsapp con el entonces juez del tribunal, con un profesor del seminario y con determinados periodistas». Considera que se vulneraron sus derechos.