El archivo del caso espionaje (revelar conversaciones personales de la exnotaria interdiocesana) en el que estuvo imputado el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, y el económo diocesano, Ernesto Meléndez, no dio por finalizado el enfrentamiento judicial entre ambas partes. Sobre la mesa de otro juez se investiga si la exfedataria, María del Carmen Amador, es la autora de unos anónimos difamatorios a la Iglesia y si se quedó dinero procedente de su actividad laboral. Sobre las calumnias, un informe pericial acaba de exculparle del delito que le acusa el prelado. La calígrafa del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, concluye en su informe que las firmas aparecidas en dichas cartas y en el interior de una funda de plástico multitaladro «no tienen relación de identidad con las analizadas de María del Carmen Amador».

CONFECCIÓN / La perito judicial también señala que «no existe una unidad de acto en la confección de los anónimos y las rúbricas que aparecen sobre ellos». Resalta otro detalle: «El doblado del papel no ha afectado de igual manera al texto impreso como a las firmas obrantes y que pudieron ser firmadas posteriormente a la confección del texto y doblado».

A lo largo del análisis realizado, esta experta observa las curvaturas, la fuerza en la impresión de la tinta, los rasgos de los trazos y, especialmente, la presencia de una letra C en mayúscula que podría señalar a Amador, si bien desde la Oficina Pericial de Aragón se descarta conexión alguna. Añade un aspecto que observa en los anónimos y no en los documentos habituales firmados por Amador a la persona que los hizo le tembló la mano.

Los anónimos en cuestión datan de la época en la que Manuel Ureña abandonó el arzobispado. Alegó cuestiones de salud, si bien posteriormente se destapó el presunto pago de más de 60.000 euros al diácono de Épila por su secularización, se apartó al párroco de este municipio y a partir de ahí comenzó la guerra de misivas enviadas a medios de comunicación e instituciones en las que se denunciaba la existencia de un lobi gay en la diócesis, se narraban episodios de malversación de dinero, así como una serie de actitudes no acordes con la moral cristiana.

Unas cartas cuya autoría Amador rechazó, al igual que el exjuez interdiocesano Roberto Ferrer y el exprofesor del seminario Antonio Mas, quienes sí reconocieron que declararon contra Ureña tras ser requeridos por la Secretaría de Estado de la Santa Sede y por el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.