La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa sobre la supuesta apropiación indebida ocurrida en el seno de uno de los juzgados interdiocesanos de Zaragoza ya ha finalizado. El encargado de la misma, el magistrado Alfonso Tello, acaba de abrir juicio oral contra los dos encausados por estas presuntas prácticas irregulares: la exnotaria María del Carmen Amador y el exjuez Roberto Ferrer. Aunque la denuncia inicial presentada por el Arzobispado de Zaragoza se motivó por los delitos de apropiación indebida y por falsedad documental, el juez Tello ha ratificado el archivo de la imputación de falsedad documental y de injurias y calumnias
De esta forma, el instructor del caso invalida la petición que realizaba el prelado zaragozano de 21 meses de prisión y el pago de una multa de 13.500 euros por el delito de falsedad de documento mercantil. No obstante, mantiene vigente la solicitud de otros 21 meses de cárcel por la sustracción de los 3.420 euros.
Este magistrado recuerda en un auto enviado a las partes que solo hay indicios de que pudieron quedarse dinero, pero nada más. Hace referencia al auto que ya firmó a finales del pasado año en el que destacaba la prueba pericial practicada por un grafólogo judicial que rechazó que María del Carmen Amador fuera la autora de los anónimos en los que se detallaban polémicas actuaciones del ahora arzobispo emérito Manuel Ureña.
ACUSACIÓN PÚBLICA
Paralelamente a esta decisión judicial que conlleva el inminente juicio contra ambos, la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado su escrito de acusación.
En él solicita que la exnotaria y el extitular del Juzgado Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza sean condenados a dos años de prisión, además de ser inhabilitados para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Asimismo, considera que deberán indemnizar de forma solidaria y conjunta al Arzobispado de Zaragoza en la cantidad de 3.420 euros, más los intereses legales.
El ministerio público apoya esta solicitud en unos hechos en los que destaca, presuntamente, el ánimo de lucro por parte de María del Carmen Amador y de Ignacio Ferrer. Considera que ambos, «en connivencia», se quedaron dinero procedente de las actividades que realizaban en dicha sede judicial perteneciente a la Iglesia católica.
Señala la Fiscalía que «entre el 20 de enero y el 22 de junio del 2015, la exnotaria emitió, teniendo firma autorizada para ello y por indicación del exvicario judicial, diez cheques al portador por un valor de 3.420 euros (siete de 300 euros, dos de 360 euros y otro de 600) librados en una cuenta corriente del arzobispado en Ibercaja». «Fue la propia acusada la que procedió al cobro de los mismos en diversas sucursales de la entidad en Zaragoza, haciéndose con dicho dinero que se lo entregó a su jefe», apunta.
CHEQUES
En dichos cheques, según el ministerio público, simulaban que las cantidades dinerarias que en ellos se hacían constar lo eran para el Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza por su intervención en procesos en él entablados, cuando «en realidad lo eran para su propio beneficio». Se basa para ello en que el psicólogo Pascual Hernando había renunciado previamente a recibir dichas cantidades por, al parecer, recomendación del Papa. Una circunstancia que los encausados conocerían y de la que se habrían, presuntamente, aprovechado.
Esas cantidades detraídas de la cuenta bancaria se corresponderían con las entregadas como provisión de fondos y que se abonaban por las partes en los procesos del tribunal eclesiástico.
Una acusación a la que se añade la del prelado zaragozano, que es rechazada por los abogados de los acusados, José Luis Melguizo y Fernando Lacruz. Ambos letrados solicitan que se cite a declarar como testigo al arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, así como al psicólogo elenco del tribunal diocesano, Pascual Hernando; el actual vicario judicial, Sergio Alentorán y el notario Daniel Meléndez.
Una vez firmado el auto de apertura de juicio oral, el caso ha quedado en manos del Juzgado Decano para que los reparta en el órgano penal que considere. Cuando se elija al juez ponente de la sentencia se conocerá la fecha del juicio.
