Miguel Ángel Barco, expárroco de Épila (Zaragoza), ha recurrido ante la Santa Sede el expediente que se le abrió en su contra y que llevó al papa Francisco a retirarle el estado clerical. Así lo ha manifestado a este diario, añadiendo que su actitud «está lejos de la rebeldía» y que «el proceso de secularización nada tiene que ver con los supuestos acosos a un exdiácono, puesto que este asunto no llegó a estar denunciado ni ante los tribunales ordinarios, ni eclesiásticos».
Barco se acoge al derecho de apelación del papa Francisco y ha solicitado la revisión del expediente de secularización, entendiendo que «ha habido irregularidades en su tramitación». Será la Congregación del Clero de la Santa Sede la encargada de la misma, cuyo prefecto, el cardenal Beniamino Stella, comunicó al arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, la situación en la que se encontraba Barco. Ante ello, el prelado zaragozano envió una carta a todos los sacerdotes y comunidades religiosas de las diócesis de Alcalá de Henares, Barcelona y Zaragoza para que sepan que Barco ha perdido el estado clerical. «Por disposición de la Santa Sede, no debe vestir como sacerdote, ni celebrar los sacramentos, ni predicar, ni enseñar materias teológicas, así como tampoco desempeñar cargo alguno de dirección en el ámbito pastoral ni conferir responsabilidad alguna en la administración parroquial», señaló Vicente Jiménez.
Recordó que «ejercer el ministerio sacerdotal, una vez dimitido del estado clerical, es un acto gravísimo contra la comunión eclesial que podría comportar la imposición de penas a quien lo hiciere y a quien lo permitiese o favoreciera». La carta de Vicente Jiménez finaliza «pidiendo al Señor que ilumine el camino de Barco López a fin de que pueda reconducir su vida tamquam laicus (como laico)».
SALIDA DEL MUNICIPIO
En febrero del 2015, Barco dejó de ser el párroco de Épila. Fue la decisión que tomó el arzobispo de Zaragoza, que le conminó a regresar a Alcalá de Henares, diócesis a la que pertenece y desde la que llegó a Aragón en comisión de servicio. El nombre de Barco salió, poco tiempo después de una repentina renuncia por parte del anterior arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, por razones de salud, si bien pronto se relacionó su salida con la autorización de una indemnización de 60.000 euros netos al exdiácono Daniel Peruga. Se produjo después de que este joven, ya en su condición de diácono y en los primeros días de noviembre de ese año, solicitara por propia voluntad la secularización. El arzobispado llegó a anunciar, en el mismo comunicado que daba esta información, que iba a investigar si Peruga había sido víctima de acoso por parte de Barco. Nunca fue denunciado ante los tribunales.
