Cuatro años lleva paralizada la apertura del túnel de la A-68, una obra ya ejecutada y pendiente de inversiones en seguridad e iluminación, de la que ahora el Ministerio de Fomento se deshace unilateralmente. Eso se desprende de la respuesta dada al diputado de CHA-IU, Chesús Yuste, en la que el Gobierno del PP asegura que la infraestructura fue transferida, incluso antes de su ejecución, al Ayuntamiento de Zaragoza.
El concejal nacionalista, Juan Martín, mostró ayer su sorpresa por esta respuesta sobre la tramitación de un túnel "dedicado a la cría de champiñones" en un "expediente ufológico". Fue en la Comisión de Urbanismo, en la que el teniente de alcalde del área, Carlos Pérez Anadón, aclaró que el consistorio, en ningún momento, ha recepcionado el túnel. "Simplemente porque el ayuntamiento no recibe obras que no estén concluidas", apuntó Pérez Anadón, que, con sorna, atribuyó a un "error" del Ministerio de Fomento la respuesta escrita a Yuste.
De hecho, según confirmaron fuentes municipales, no se ha producido ningún contacto ni se ha elaborado ningún protocolo para la cesión de esta infraestructura, dado que quedan obras pendientes para adecuar la seguridad y la iluminación del vial que deben ser ejecutadas por Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), sociedad cuya situación es casi de quiebra técnica.
"El actual diputado popular, Eloy Suárez, ha realizado N, cuando tiende al infinito, ruedas de prensa para reclamar la ejecución del túnel", apuntó Martín, quien aseguró que le pedirá que envíe a la ministra de Fomento, Ana Pastor, las grabaciones de sus intervenciones en las que pedía la conclusión de la infraestructura para que esta "sepa dónde está" y lo haga.
Entonces, ¿qué quiso decir el Gobierno cuando asegura en su escrito que "el tramo subterráneo, túnel de la A-68, ya no forma parte de la Red de Carreteras del Estado"? Un misterio. Aunque quizás pudiera referirse a que su finalización le compete a ZAV. Pero ni eso, ya que Fomento ostenta el 50% de su accionariado, y lo sabría, junto a la DGA (25%) y el consistorio (25%). Lo que queda claro es que difícilmente alguien va a pagar los 24 millones que faltan para acabarlo cuando ni lo asumen como propio.
