Existe unanimidad en la idea de que el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) necesita una mejora. Pero los actores implicados están lejos de ponerse de acuerdo sobre cómo articular esos cambios. Por la comisión parlamentaria que estudia el tributo y su reformulación pasó ayer el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Zaragoza, Ismael Jiménez, y puso el dedo en la llaga sobre la campaña que pide que no se abone el recibo. «La objeción fiscal fue un bonito tema que se desarrolló en España en los años ochenta por el IRPF y los gastos militares, pero la Justicia ya declaró con toda rotundidad que es un derecho inexistente que no ampararía ni al no declarante ni al no pagador», señaló.

En una intervención ante los diputados, consideró que los recursos al impuesto ecológico planteados por casi 50.000 zaragozanos son «sonrojantes» al señalar que el ICA está reflejado en la legislación vigente. «La obligación de la DGA es exigirlo y cobrarlo», afirmó. Además, consideró que la ciudadanía debería pedir «alguna responsabilidad» por la desinformación a la que han sido sometidos cuando les lleguen los recargos y los intereses de demora.

recuperación de costes / Ante la posibilidad de que el ayuntamiento de la capital aragonesa comandado por Zaragoza en Común presente un recurso ante las instituciones europeas indicó que se coloca «de perfil» al considerar que no existe una instancia que pueda atender una petición de ese tipo tras la sentencia del Tribunal Constitucional que defendía su legalidad. «Dudo sobre quién estudiaría semejante acción», expresó. Y recordó que la Comisión Europea suele estar «encolerizada» con España por «incumplir las exigencias comunitarias en la recuperación de costes» de los servicios del agua.

En este sentido, los críticos con el tributo precisaron que, atendiendo a la directiva marco del agua, ese concepto se debería exigir también a la actividad agraria o empresarial, igualmente contaminantes, y que no se está aplicando el mismo rasero.

El catedrático pidió una adaptación del tributo que tuviera en cuenta la despoblación de Aragón y la concentración de buena parte de sus vecinos en Zaragoza y sus alrededores. Por eso propuso como ideas para su mejora el aplicar «la progresividad en su tarifa» o una «gestión más sencilla», sobre todo teniendo en cuenta la falta de claridad en las competencias de cada adminsitración.

nueva manifestación / Por su parte, el portavoz en la materia de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Miguel Dalmau -que también es alcade de Utebo- insistió en que no se puede poner en duda la necesidad del impuesto apelando a la solidaridad. «Si no existiera el ICA habría pueblos que no podría cumplir con sus obligaciones a la hora de depurar las aguas», explicó.

En su opinión, el debate y la oposición ciudadana no se ha produce por el impuesto, sino que ha sido promovido por intereses políticos «para no pagar algo que es de justicia para todos los aragoneses, vivan donde vivan». En su intervención pidió que la reforma del ICA no cree «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».

Los críticos con el impuesto lamentaron que la FAMCP se arrogara la representación del sentir mayoritario de los pueblos al alertar de que la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), que está integrada en la entidad, han encabezado muchas de las protestas ciudadanas. Para el próximo sábado se ha convocado en Zaragoza otra marcha en contra del ICA.