Expertos en derecho, judicatura, psicología y otros profesionales han destacado los beneficios y la importancia que tiene la figura del coordinador de parentalidad para reducir el sufrimiento de los menores en una separación de los progenitores, sobre todo en los casos de alta conflictividad.

Así se ha puesto de manifiesto en la sesión de audiencias legislativas que se ha celebrado este miércoles en las Cortes de Aragón para conocer la postura de expertos ante la decisión parlamentaria de introducir esta figura en el Código de Derecho Foral.

Se trata de un especialista experimentado que actúa como auxiliar del juez y se encarga de elaborar los informes pertinentes para ayudarle a decidir en casos de conflictividad cuando las custodias compartidas son "conflictivas", pero que no tiene nada que ver, como se ha advertido, con la mediación.

En este caso son titulados universitarios de la rama del derecho, la psicología o el trabajo social, formados en este campo y con una amplia experiencia en intervenciones ante situaciones de crisis y cuya labor, en los casos en los que se ha utilizado, sobre todo en Madrid y Cataluña, ha demostrado beneficios de un coste emocional y legal "muy importantes".

Es lo que ha asegurado la presidenta de la Fundación Filia de amparo al Menor, Lucía del Prado del Castillo, pero también la de la de la Asociación Aragonesa de Coordinadores de Parentalidad, María Jesús Portillo, "cuando se hace en el momento oportuno", y el magistrado de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pascual Ortuño, quien ha intervenido por videoconferencia y que ha constatado "éxitos notables" en los casos que ha impuesto esta figura.

Este coordinador parental vendría a paliar la insuficiencia de los instrumentos con que cuenta actualmente la administración de Justicia para hacer cumplir las sentencias, algo en lo que ha incidido el actual Justicia de Aragón, Ángel Dolado, desde su experiencia como ex juez de Familia, el propio Ortuño y Del Prado.

Según Lucía del Prado, debido a la inejecución de las sentencias hay progenitores a los que les resulta "imposible" ver a sus hijos y niños que pierden el contacto con uno de ellos y que no ven resuelto el problema ni con la mediación ni con la terapia, lo que puede tener repercusiones en la vida adulta y que pueden acabar en suicidios, como ha puesto de manifiesto el magistrado Ortuño.

Por eso, para el catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Isaac Tena, la coordinación de parentalidad "no debe verse con suspicacia" y "debería acogerse con benevolencia" porque "supone dotarse de más informes para abordar adecuadamente un conflicto familiar" y ha puesto como ejemplo que pese a ser novedosa, cuando se puso en marcha en Aragón, la custodia compartida "no planteado problemas".

Dolado ha incidido asimismo en que en otros países se aconseja que las sentencias de custodia compartida vayan acompañadas de una coordinación de parentalidad y por eso como juez le gustaría que en Aragón contaran con la misma legislación que se aplica en Cataluña a raíz de una sentencia de su tribunal superior de febrero de 2015.

En este aspecto ha coincidido María Jesús Portillo, quien defiende que el coordinador se recoja en la ley porque a los jueces "les asusta la novedad". "Seguro que hay jueces que querrían pero no saben cómo" y también serviría para que los fiscales se involucraran, ha reconocido.

La presidenta de la Fundación Filia de amparo al Menor también ha destacado la reducción del plazo que supone cuando es el juez el que marca esta procedimiento y por tanto un acortamiento del sufrimiento del menor.

Uno de los aspectos en los que no ha habido tanta coincidencia es en el coste que implicaría esta figura y quién lo debería asumir, si la administración o las parejas enfrentadas.

Basada en sus experiencias, Del Prado ha reconocido que cuando son las familias las que asumen el coste de la coordinación hay casos en los que uno de los dos miembros no lo asume y por tanto no resultaba operativo, por lo que en la Comunidad de Madrid es un servicio gratuito.

Para Portillo "cuando la persona paga algo, la cosa sale mejor" y Pascual Ortuño piensa que para los padres "si ven la utilidad, el tema económico es secundario" como lo demuestra que cuando lo necesitan llevan a sus hijos a los psicólogos y a médicos privados.

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad (ANCOPA) han calculado que "viene a costar lo mismo que abrir una sala para un juicio", a lo que se suma los cambios que se observan en el 50 % de los casos pese a que cuando llegan son situaciones "muy tóxicas".