Los agentes sociales y judiciales más habituados a tratar con las víctimas de la violencia de género alertan de que la legislación causa problemas en el tema de la custodia y los regímenes de visita de los hijos en estos casos. Los menores son "victimizados dos veces", insisten, porque no solo conviven con la pareja durante el maltrato sino que luego siguen teniendo que ver al agresor. "Si se quiere presentar una solicitud de atención psicológica para el niño, por ejemplo, requiere el permiso del maltratador", insisten las fuentes consultadas. Retirar la patria potestad no es imposible, pero sí requiere un proceso aparte. Los letrados consultados insisten en que el problema es la legislación, no su aplicación. Y la Defensora del Pueblo incidió recientemente en el mismo problema.
Otro obstáculo legislativo que ven los letrados es la jurisdicción de menores, ya que en ella son mucho menos habituales las órdenes de protección como medida cautelar, pero el efecto en la víctima es el mismo que en una mujer adulta. Además, explican, la denuncia en estos casos la suelen interponer los padres, y si la joven no aprecia que está siendo maltratada el proceso cae.
