Empresas, entidades y organizaciones que lleven a cabo proyectos o actuaciones incluidos en el programa de desarrollo de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 podrían beneficiarse de bonificaciones de hasta el 95% en diferentes impuestos y en tasas locales. La medida afectaría a tributos como el Impuesto de Actividades Económicas, el IRPF o el de Transmisiones.

Son las conclusiones que se extraen del proyecto de Ley de Modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, remitido por el Gobierno central a las Cortes Generales. Es decir, la norma que establece las bonificaciones en el pago de impuestos y tasas a que pueden acceder aquellos promotores cuyas inversiones estén directamente relacionadas con la preparación de un evento de grandes dimensiones (como la Expo) e incluidas en el programa diseñado por el consorcio que lo impulsa.

En la memoria económica que acompaña a dicho proyecto de ley se establece el tipo de beneficios que puede aplicarse en la preparación de grandes acontecimientos en España, y se deja ver que estas medidas serán muy superiores a las bonificaciones permitidas por la llamada ley de mecenazgo .

SIN CITAS A ZARAGOZA El proyecto de ley recoge sólo dos grandes eventos: la Copa América 2007 (en la Comunidad Valenciana) y el proyecto Salamanca 2005. Plaza Mayor de Europa . No se hace mención a la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, probablemente, debido a que la candidatura no está todavía confirmada. Si el próximo 16 de diciembre la capital aragonesa obtuviera la organización del evento, sería necesaria una reforma de este proyecto para incluir el nuevo acontecimiento, que es excepcional y de interés público.

En cualquier caso, y de manera general, la medida del Gobierno central prevé que los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Renta de no Residentes podrán deducirse hasta un 15% del tributo de los gastos e inversiones "que se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio correspondiente".

La misma exención se establece por gastos en propaganda y publicidad que se lleven a cabo para promover el evento tanto en España como en el extranjero.

Las transacciones que tengan que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tendrán bonificaciones de hasta el 95% si los bienes y derechos adquiridos se destinan a actuaciones relacionadas directamente con el acontecimiento.

Se fija una exención idéntica, del 95%, para aquellos sujetos pasivos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) derivado de actividades "de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración" del evento, si están previstas en los planes del consorcio promotor, en el caso de la capital aragonesa, la sociedad Zaragoza pro Expo 2008.

Y, por último, se marcan bonificaciones del 95% para empresas o entidades en "todos los impuestos y tasas locales" en aquellas operaciones ligadas al desarrollo de la iniciativa.

La memoria económica de este proyecto de ley incluye datos relativos a otros grandes acontecimientos organizados en España en los últimos años. Aunque no se ha podido establecer el coste fiscal de establecer los incentivos fiscales de que disfrutaron dichos eventos, sí hay cifras sobre los beneficios que estas medidas conllevaron.

Así, el proyecto Cartuja 93 (recuperación para otros fines de la sede de la Exposición Universal de Sevilla de 1992) tuvo un beneficio fiscal de cerca de un millón de euros (972.871 euros). En el caso de la iniciativa Santiago de Compostela 2000 , las bonificaciones alcanzaron los 27,4 millones de euros. La cantidad fue algo menor --de 16,2 millones de euros-- en el caso del proyecto Año Santo Jacobeo 99 . Y ascendió de nuevo hasta los 25,7 millones de euros en el evento Salamanca. Capital Europea de la Cultura 2002 .

Si Zaragoza logra la Expo y el Gobierno central confirma su reiterado compromiso con esta iniciativa, el proyecto de ley tendrá que incluir las medidas específicas aplicables a la capital aragonesa, que se sumarán a las generales.