El abogado del expolicía corrupto Lars Sepúlveda Madsen, célebre por robar cientos de kilos de droga de la comisaría sevillana en la que trabajaba y ahora incurso en otra investigación por narcotráfico conducida desde Zaragoza, ha pedido anular este nuevo caso por, a su parecer, graves deficiencias legales en la misma. La principal, que los topos de la Guardia Civil, los agentes encubiertos que llevaron gran parte de las pesquisas, actuaron sin el necesario control judicial.

El abogado, Arturo Gracia, ha remitido su escrito de defensa al Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, encargado de las pesquisas por el pase de un kilo de cocaína en un hotel madrileño, por el que la Fiscalía pide 43 años de cárcel para los seis acusados, 11 para su cliente. El escrito se centra ampliamente en las causas de nulidad, entre las que destaca, por inusual, el asunto de los agentes encubiertos.

Según repasa, en las actuaciones figuran diversas líneas de investigación respecto a diversos grupos de traficantes que podrían haber suministrado la cocaína antes de que, presuntamente, lo hiciera la banda liderada por Lars Sepúlveda. Estos no se detallan y en ellos ni siquiera el hombre que se menciona como «encargado de buscar contactos» figura como investigado, menos aún detenido.

De ahí que el letrado deduzca que existe «un conjunto de diligencias, aparentemente muy notables», no aportadas a los autos -pese a que las pidieron- y que despiertan sus sospechas.

El abogado hace especial hincapié en una reunión, fechada antes de la pieza separada en la que el juez Rafael Lasala autorizaba la intervención de agentes encubiertos, concretamente el 7 de marzo del 2017, en la que el guardia civil actuó «en funciones de inteligencia», simulando ser un narco interesado en mover grandes cantidades de cocaína.

En este sentido, alega que la función de los agentes, «de los que no se duda de su buena fe de perseguir delitos», lo que acabó haciendo es «poner en marcha a un grupo de gente que desconocemos si tenía voluntad» de vender drogas, o bien se buscó la vida ante el requerimiento. También apunta que la doctrina del árbol envenenado, que dicta que cualquier actuación judicial que derive de un acto ilegal está contaminada, para pedir la nulidad de la causa.

Además, el abogado alega respecto a las intervenciones telefónicas que fueron fundamentales en las primeras fases de la investigación. A su juicio, las sospechas de que una vecina del barrio de San Pablo -que acabó acusada, como enlace de los agentes y la banda madrileña de Lars- no fueron constatadas con intervenciones de droga a los supuestos clientes, que podrían haberse hecho «con intervenciones por Seguridad Ciudadana, sin delatar la investigación».

Esto, sumado a que ella no tenía antecedentes y su nivel de vida, con coches antiguos y de baja gama, no delataba el narcotráfico, y no justificaría la autorización de pinchazos telefónicos.