En Aragón existen en la actualidad más de 25.500 expedientes de inmigrantes atascados en las oficinas de Extranjería. En toda España, la cifra asciende a casi 370.000 los casos pendientes de resolución. Por este motivo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció la puesta en marcha de un plan de choque en el que está trabajando la Delegación del Gobierno en Aragón para adaptarlo a la situación de la comunidad.
Sólo en la provincia de Zaragoza se acumulan 19.214 expedientes de inmigrantes cuya solicitud para obtener o renovar su permiso de trabajo o residencia permanece sobre una mesa en las distintas oficinas de extranjería. En Huesca, esta cifra se sitúa en 4.606 expedientes y en Teruel, en 1.685, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno de Aragón.
Varios sindicatos y asociaciones de inmigrantes ya habían denunciado en anteriores ocasiones estos atascos. El pasado noviembre, el secretario de Políticas para la Igualdad de UGT-Aragón, Agustín Redondo, reiteró el "caos organizativo" y la "falta de recursos humanos y materiales" en la sección de Extranjería de la subdelegación del Gobierno en Zaragoza. En febrero, era la Asociación Turolense de Inmigrantes Solidarios (ATIS) quien solicitaba a la Administración que dotara con más personal a la oficina de la delegación de Trabajo en Teruel.
RENOVACION DE PERMISOS Además, como ocurre en el resto de España, en Aragón la mayor parte de los 25.500 expedientes atascados corresponde a solicitudes de renovación y en muchos casos se llegan a agotar los tres meses de los que dispone la Administración para dar respuesta y al término de los cuales el silencio se entiende como un asentimiento. Sin embargo, esta tardanza en la resolución genera problemas a los inmigrantes cuando han de renovar su contrato y esta es una de las situaciones que quiere erradicar el Gobierno socialista.
Para dar salida a todos estos expedientes y agilizar la tramitación de los que pueden llegar, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunció un plan de choque que se traducirá, entre otras cosas, en la contratación de más de 300 funcionarios en todo el Estado. Según estimaciones del sindicato UGT, en Zaragoza calcula que pueden ser necesarios entre cinco y siete funcionarios para reforzar el servicio, en Huesca unas tres personas y en Teruel, dos.
En Aragón, las distintas subdelegaciones del Gobierno están trabajando en estos momentos para adaptar el plan de choque a la situación y características de la comunidad, y esperan poder tener listo el plan territorial la primera semana de julio. Este proyecto no descarta la utilización de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la recepción de solicitudes, una de las opciones que ya avanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que se van a llevar a cabo en otras comunidades.
