La Oficina de Extranjería de Aragón ha detectado tan solo cuatro expedientes irregulares realizados por la supuesta trama que nacionalizaba marroquíes desde la Delegación del Gobierno de España en Aragón. Una importante reducción, frente a los 19 que destacaba la investigación que llevó en septiembre del pasado año a detener en un primer momento a cuatro personas, entre ellas a un funcionario de este organismo, Joaquín María P. A.

Dicho informe remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, resalta que en realidad serían diez los expedientes en los que habría tenido algún tipo de intervención el supuesto cabecilla de la trama que sería, según las pesquisas, el trabajador público. De ese total, solo se habrían visto gratificados por la organización Karima M., Youseff B., Abdelkrim A. y Khalid M. L. --todos ellos imputados--.

El responsable de la Oficina de Extranjeros de Aragón, Jesús Palazón, es quien hace el análisis pormenorizado de cada expediente. Destaca, que en dos de los permisos el solicitante no cuenta con ningún tipo de registro en el que se certifique que ha trabajado seis meses por año de autorización. En otro de los casos quien había pedido ser español no había acreditado con documentación debidamente legalizada el vínculo de parentesco con su cónyuge, sin que se le avisara para subsanar esta circunstancia.

SOLICITAN EL ARCHIVO Ante este informe, los abogados defensores de varios de los imputados han pedido al juez que investiga esta causa --el mismo que el de la operación minas o el caso del apartadero ferroviario de Plaza-- que se archive este asunto. Entre estos letrados está Celia Gil Lagunas, Ana Herrando o Constanza Dufol. Esta última entiende que ha quedado demostrado que "15 expedientes han sido resueltos en aplicación de la normativa legal y reglamentaria". Con respecto a los que sí serían irregulares mantiene que Joaquín María P. A. no intervino en la instrucción o que pudieron existir errores de valoración.

Otro de los defensores, Mariano Montaner, rechaza que Abdesalam Z. actuara dentro de la organización como el enlace que hacía contratos a compatriotas a través de su empresa de neumáticos. Resalta que es propietario de una firma con actividad desde el 2007 y que no existe ninguna incidencia registrada en el Ministerio de Empleo y Seguridad o en cualquier otro organismo de la Administración autonómica.

COBRABAN 3.000 EUROS La Guardia Civil comenzó estas pesquisas tras una denuncia de un particular. Los investigadores no tienen dudas de que el brazo ejecutor de dichas nacionalizaciones era Joaquín María P. A., pero que necesitaba de Adelmajid S., Ahmed M., Jalal el H. y Abdesalam Z., quienes eran los encargados de conseguir gente que tuviera que realizar este tipo de trámites. Una vez captados, el funcionario les facilitaba los trámites y les asesoraba sobre los mismos. Sin embargo, su labor iba más allá, resalta el Instituto Armado, ya que era el encargado de resolver los recursos interpuestos sobre resoluciones de denegación. Este papeleo tenía un precio que iba entre los 900 y los 3.000 euros, que eran repartidos entre los diferentes miembros de la organización.

El Cuerpo benemérito llegó a esta idea, tras horas de pinchazos telefónicos y seguimientos. En la gran mayoría de las llamadas, unas 14.501, hablaban de los requisitos que se necesitaban o del nerviosismo de algunos clientes porque había retrasos. Para los imputados, la explicación es que a todos ellos les unía una gran amistad que les hacía quedar a tomar café casi todos los días o ir de viaje a Marruecos. La causa suma 16 encartados.