La sesión de impulso legislativo que ayer se vivió en el pleno dejó detalles tan poco habituales como que todos los partidos mantuvieran un debate de guante blanco para aprobar la tramitación de una ley que garantiza y protege los derechos de todas las personas independientemente de su orientación social. O que el partido mayoritario del Gobierno se quedara solo al rechazar la inclusión de la fiducia --término del Derecho foral aragonés-- en el sempiterno debate sobre el impuesto de Sucesiones. Un debate que, ayer no podía ser de otra manera, también protagonizó parte del pleno bajo la atenta mirada de una de las plataformas que aglutina la presión social contra este tributo. Los diputados oradores saludan ya con cierta familiaridad a este colectivo, que acude puntual y con camiseta alusiva en ristre a todas las sesiones plenarias.
La cuestión de la fiducia, iniciativa presentada por la diputada del PAR, Elena Allué (que a este paso va a convertirse en una especialista absoluta en este impuesto), no es baladí, ya que permitiría aliviar en parte los gastos tributarios de quienes heredan. Consiste en liquidar el impuesto una vez que han fallecido los dos cónyuges de la unidad familiar, ya que mientras tanto no se dispone ni del usufructo ni de la propiedad. Pero se paga. El PSOE fue el único que se opuso. CHA y PAR se encontraron por eso del Derecho aragonés y el PP la apoyó porque encajaba en su estrategia contra el impuesto. Ciudadanos se abstuvo, volviendo a sorprender.
Ciudadanos se distancia
Un partido, Ciudadanos, que ayer arremetió contra el PP y el PAR por considerar que, en palabras del diputado Javier Martínez, «se han unido al Gobierno para evitar seguir avanzando» y consideró que «está claro que estos dos partidos no tenían ninguna intención de acometer la reforma y prefieren seguir utilizando este tema para generar enfrentamiento». Por su parte, el PP solicitó una rebaja del tramo autonómico del IRPF, pero su iniciativa no prosperó.
El debate de los impuestos sigue vigente, pero empieza a dejar paso a otros que también cobrarán protagonismo a medida de que se acerquen las elecciones. Es el caso de la protección de los autónomos. El Gobierno presentará su ley el próximo 8 de mayo, según anunció el presidente Javier Lambán. Eso no quita para que Podemos anunciara también, según su portavoz Nacho Escartín, que ellos han presentado su propio proyecto, con fecha del 2 de abril. Un proyecto extenso con más de 55 artículos «para proteger» a estos trabajadores. Arturo Aliaga, del PAR, y Susana Gaspar, de Ciudadanos, reprocharon al Gobierno que haya tardado tanto en elaborar esta ley, y Luis María Beamonte criticó los incumplimientos de Lambán con un sector que va perdiendo trabajadores paulatinamente. Aun así, se mostró favorable a colaborar en la tramitación de este texto.
También hubo un amplio consenso en censurar la actitud de los rectores del Valle de los Caídos y apoyar la exhumación de los restos de los hermanos Lapeña. Darles la dignidad que se les negó con su asesinato y posterior enterramiento en un barranco. Solo el PP se abstuvo.
La vertebración territorial
Dos consejeros, el de Sanidad Sebastián Celaya y la de Ciudadanía, María Victoria Broto, fueron interpelados por las populares Carmen Susín y Ana Marín, respectivamente. Ambas se interesaron por conocer las medidas de su departamento en torno a la directriz contra la despoblación.
Susín dibujó un panorama oscuro, francamente aterrador, a un incómodo Celaya que rebatió lo que consideró falsedades por parte de la popular. Para Susín, que es una parlamentaria bregada, astuta en las réplicas y que mantiene un tono agresivo en su oratoria, el panorama es el siguiente: «consultorios locales cerrados, consultas y horarios recortados en el medio rural, falta de especialistas y servicios completamente vacíos en centros de especialidades, en los hospitales comarcales de Huesca y Teruel, derivaciones a Zaragoza, incremento de las listas de espera, colapso en consultas en Zaragoza porque se cierran del resto de los hospitales y se derivan a Zaragoza, o a Santander o un contrato de transporte urgente que acrecienta los problemas». De poco sirvieron los argumentos contrarios esgrimidos por un Celaya más nervioso de lo habitual, como le hicieron ver el resto de oradores.
La despoblación es precisamente otra de las materias que va camino de convertirse en argumento central de este último año de legislatura. Un aspecto que preocupa a todos los grupos y Gobiernos sin que por el momento se avance nada. Pero sirve para el debate político, aunque está por ver que la política pueda combatir un fenómeno demográfico tan complejo como poco novedoso. Desde que el ser humano es ser humano, se han producido movimientos de población y despoblación naturales y propiciados por factores que quizá se escapen a las directrices, subvenciones, debates y reportajes periodísticos.
Lo mejor del pleno, sin duda, fue la unanimidad y la firme voluntad de seguir protegiendo derechos de las personas. En eso, las Cortes de Aragón dieron ayer todo un ejemplo.
