Malos días para algunos de los actores de la supuesta trama urdida contra el exarzobispo de Zaragoza Manuel Ureña. Si ayer fue el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el próximo lunes se sentarán en el banquillo dos de las personas que le ayudaban a recopilar información con la que empujar la caída del prelado valenciano: el exvicario Roberto Ferrer y la exnotaria del arzobispado zaragozano, Carmen Amador.
Ambos, apartados de sus funciones, fueron denunciados por el actual arzobispo, Vicente Jiménez, por la supuesta apropiación indebida de 3.420 euros,procedentes de la provisión de fondos que abonaban las partes implicadas en los procesos del tribunal eclesiástico. Por este delito les solicita 21 meses de prisión a cada uno y una indemnización de los 3.420 euros más los intereses legales. Una petición que la Fiscalía ha ampliado en su escrito de a cusación a dos años de cárcel por entender que ambos actuaron «en connivencia» y «en su propio beneficio».
Los abogados de la defensa han citado a declarar como testigo al prelado zaragozano, así como al sustituto de Ferrer al frente del juzgado diocesano, Sergio Alentorán, y a otros empleados del palacio episcopal. Algunas fuentes incluso aseguran que a la vista podría asistir también el jesuita Germán Arana, en apoyo a los dos acusados, dos piezas importantes en la recogida de datos contra el expárroco de Épila y contra el arzobispo Ureña, según ellos mismos manifestaron en una serie de whatsaps que se intercambiaron con el cardenal Omella.
A los dos yaneros, conocidos así por su fidelidad al ya fallecido Elías Yanes, también les fue abierta una causa canónica por, supuestamente, crear un grupo de presión para calumniar y difamar a la Iglesia de Zaragoza.
