Facturas escalofriantes de hasta 3.000 euros (500.000 pesetas) en llamadas telefónicas al antiguo 906. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha recibido en los últimos seis meses un centenar de reclamaciones por llamadas no intencionadas a los actuales 803, 806, 807 y 907 con una facturación media de 1.800 euros o 300.000 de las antiguas pesetas. Una cifra a la que se suman las cerca de 2.000 denuncias que a lo largo del 2003 recibió la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) sobre un tema que definen de "absoluta indefensión para el consumidor".

Desde que el 906 ha sido reemplazado por el 803, 806 y 807 para llamadas de voz, y por el 907 para la conexión a internet, la avalancha diaria de reclamaciones sobre los denominados servicios telefónicos de tarificación adicional no cesa en Aragón. Sobre todo, en lo referente a la descarga de música o de programas de la Red por parte de los más jóvenes o la entrada en páginas eróticas, de tarot, juegos o futurología.

LA DESCONEXION VOLUNTARIA "Recomendamos a todos los usuarios que soliciten a las operadoras la desconexión voluntaria a estos números. En la OMIC contamos con un modelo tipo de solicitud a disposición de quien quiera tramitarlo", anunció ayer la concejal de Consumo, Mar Herrero.

La UCA ya ha agotado todas las posibilidades sin obtener resultados positivos. "Hemos presentado centenares de denuncias ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que han sido resueltas con una simple contestación admitiendo que la empresa prestadora del servicio incumple el código de conducta", lamentaron desde la UCA. Esta asociación de consumidores, además de esta vía administrativa, lo intentó con la judicial y la junta arbitral (de la que se han desligado las operadoras), pero los casos fueron archivados Ahora, estudia la posibilidad de llevar un caso concreto de nuevo al juzgado "para que la Justicia se pronuncie sobre este escándalo".

El ayuntamiento quiere dar un paso más. La concejal Mar Herrero recomendó a los usuarios estafados pagar tan sólo el coste de las llamadas, excluyendo las de tarificación adicional. Y enviar el resguardo bancario junto a un escrito explicativo a la operadora de telefonía, para que no corte el suministro del servicio mientras se estudia o se tramita la queja, y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

"Es lamentable que personas ancianas hayan recibido una factura de 3.000 euros por una conexión que desconocen", añadió ayer Juan Miret, presidente de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Zaragoza, que junto con la OMIC tienen su sede en San Jorge, 1.

Existe sin embargo una normativa que desarrolla al detalle las condiciones de estos servicios. La Orden de febrero del 2002 regula los derechos de los usuarios y todo lo referente a tarificación adicional, desde el derecho de desconexión al código de conducta de las operadoras, que incluye la retirada de un número a una empresa por incumplimiento.

El 1 de enero del 2003 se desarrolló lo relativo al código de conducta, que obliga a publicitar los datos del precio máximo por minuto de forma clara y legible, y de manera estática.

En cuanto al prestador del servicio debe identificarse, de manera que el usuario pueda contactar con él. Sobre los precios, deben ir incluidos los impuestos, y el tiempo de llamada será de un máximo de 30 minutos.

Asimismo, el 1 de enero del 2004 se reguló el 907, que obliga por ejemplo a mostrar en pantalla las tarifas de estos servicios o a colocar un programa informativo que el usuario puede bajar para que le avise si el ordenador entra en una de estas páginas. Pero casi todo se incumple de manera sistemática.