El Ayuntamiento de Zaragoza debatía ayer sobre el balance del primer trimestre en la gestión económica y, sobre los indicadores analizados, sobresalía uno que preocupa a la oposición: las llamadas facturas en los cajones, gastos pendientes de consignar en el presupuesto. El informe del interventor señalaba que ascendía a 42 millones de euros, pero el responsable de las finanzas, Fernando Rivarés, alegó que se debía a que 23 de ellos correspondían a un pago a la contrata del bus que ya se ha hecho. Pero el PSOE le reprochó que aún así ya triplica el límite establecido por el plan de ajuste para todo el año, de 5.

El edil de Zaragoza en Común (ZeC) explicó que el dato del primer trimestre siempre es el más negativo porque en abril se recibe el principal ingreso del consistorio, el IBI. Que esta es «una cuenta viva» y que lo importante es cómo acaba. Un argumento que el socialista Javier Trívez rebatió asegurando que la previsión de Intervención es que acabará en «10 millones y eso es duplicar el objetivo» que marca el plan de ajuste.

María Navarro, concejala del PP, remarcó que este es «el peor dato desde el 2013» en el ayuntamiento. Carmelo Asensio, de CHA, remarcó que, pese al pago a Avanza Zaragoza, «18,7 millones es el doble de cómo terminó el 2016» y son «9,5 más que hace un año». Sara Fernández, de Ciudadanos, también coincidió en que este es un dato preocupante.