La nueva forma de contabilizar los fallecimientos por la pandemia del coronavirus por parte de la Generalitat de Cataluña, que registra también las certificaciones de defunción en casos de sospecha de covid-19, ha reavivado el debate de si la estadística oficial recoge los datos reales o no. De momento, en Aragón se siguen los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad en los que se validan los decesos de pacientes que han dado positivo en los test o de usuarios de residencias de ancianos infectadas. Quedan fuera el resto de fallecidos, a pesar de que la cifra es cada vez mayor. Muchos de ellos muertos en soledad en sus domicilios.
En Zaragoza el pasado miércoles murieron 38 personas, de las cuales 11 dieron positivo en coronavirus y otras 12 son sospechosas de covid-19. El resto son por otras causas. A principios de mes los casos presuntos no superaban a los diagnosticados. Los médicos y forenses que firmaron esas certificaciones y dictámenes consideraron que la causa respondía a una infección respiratoria de origen no bacteriano y, por lo tanto, compatible con el covid-19 si bien no pueden afirmarlo porque no se les ha hecho ningún test. Fuentes consultadas reconocen que ha habido casos de personas que han fallecido antes de recibir el resultado de la prueba PCR y cuyas licencias de fallecimiento ya estaban firmadas.
Exceso de finados
Estos casos no presentes en la estadística oficial serían la respuesta al aumento de la mortalidad que observa el Centro Nacional de Epidemiología en el sistema de monitorización de mortalidad diaria en España. Los investigadores tenían estimado -teniendo en cuenta el histórico de años atrás- que entre las semanas del 23 de marzo al 14 de abril el número de fallecimientos debía haber sido un total de 706, pero en realidad se han contabilizado 1.359. Es decir, un 92,6%.
Desde el Gobierno de Aragón, el director general de Salud Pública, Francisco Falo, que reconoció esa «sobremortalidad» a causa del virus, defendió ayer la estadística oficial, recordando que se siguen «los criterios acordados por todas las comunidades autónomas» y los mismos procedimientos con los que se estudia la mortalidad en Aragón «desde hace décadas».
Explicó que recogen los datos de tres fuentes. En primer lugar se contabilizan los decesos en los centros sanitarios. Por otro lado, para recopilar los datos de muertes que ocurren fuera del hospital «no hay más que una referencia básica, que es el Registro Civil», manifestó. «Si ya vamos a cuestionar la mortalidad que recoge el Registro Civil creo que mis compañeros que estudian mortalidad se desesperarán al máximo», expresó.
Los datos de fallecimientos del Registro Civil también se cruzan con las bases de datos de covid-19. Y por último, se recopilan los datos de las residencias de mayores, que incluyen los confirmados de covid-19 «y también los casos posibles y probables», explicitó. «El que se muere en el domicilio, a priori, no sabemos de qué se muere, con lo cual, es imposible que nosotros ni nadie diga que se ha muerto por covid-19», afirmó, «salvo si el médico que certifica la defunción así lo indica».
Parlamento
El PP registró ayer una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para que el parlamento inste al Ejecutivo autonómico a realizar una auditoría sobre el número de fallecidos en la comunidad, tanto los que aparecen en la estadística como los sospechosos. También solicita la portavoz popular, Mar Vaquero, que se contabilicen las personas que no han podido someterse a ningún test pero que han muerto por covid-19. Asimismo, han registrado una pregunta a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, para que dé explicaciones en el próximo Pleno.
El Registro Civil de Zaragoza, desbordado
Los trabajadores del Registro Civil de Zaragoza reconocen estar desbordados por el aumento de defunciones en el partido judicial, pero también porque están realizando una estadística que les solicitó el Ministerio de Justicia.
La petición se originó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha abriera un expediente porque no cuadraban las cifras oficiales con las que inscribían los registros de las provincias castellanomanchegas. Eñ Gobierno de España les solicita que de forma diaria les remitan el número de licencias de defunción expedidas, la edad o el lugar de defunción (residencias, hospitales, viviendas o en la calle).
Para llevar a cabo todas estas funciones y para agilizar la expedición de certificados de defunción, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón habilitó hace días una dirección de correo electrónico a través de la cual se pueden pedir, aunque hasta ahora no se han atendido esas solicitudes. Cuatro funcionarias podrán realizar los trámites desde su casa y dar curso a los certificados por vía postal.
