Si los trámites para conseguir la nacionalidad son complejos para los inmigrantes con residencia legal, más aún lo son para los que tratan de utilizar la picaresca para conseguirlos. En abril, la Audiencia Provincial de Zaragoza será escenario del juicio a tres de estos presuntos defraudadores, a los que piden un total de once años de prisión por falsificación de documentos y otros delitos.

El caso lo destaparon los funcionarios de Extranjería cuando comprobaron que B. C. J., de origen gambiano pero con más de dos décadas de residencia en Zaragoza, trataba de obtener pasaportes y tarjetas de residencia para dos jóvenes compatriotas suyos, que aseguraba que eran sus hijos. Sin embargo, en los trámites presenciales se percataron de que uno de ellos medía alrededor de 1,90 metros y el otro apenas alcanzaba el metro y medio, entre otras notables diferencias físicas.

Extranjería comenzó a indagar y comprobó que los viajes declarados del padre no concordaban con el nacimiento de al menos el segundo de los presuntos vástagos. El hombre argumentó que este nació cuando él estaba ya en España porque acudió a su Gambia natal a casarse con su madre, su segunda esposa, y volvió a trabajar. Pero cuando los agentes le ofrecieron someter a la familia a una prueba de ADN para corroborar su historia, los tres aseguraron que su religión les prohíbe pasar este tipo de pruebas.

Ante ello, según explicó su abogado, Javier Elía, el año pasado les retiraron el pasaporte a los tres, mientras terminaban los trámites de un juicio en el que el padre se enfrentará a siete años de prisión y los hijos a tres y medio cada uno, aunque en estos casos, de hallarles culpables, podrían ser sustituidos por expulsión del país.

El ejemplo es curioso, pero ni mucho menos único. La Policía y la Guardia Civil informan periódicamente de la desarticulación de tramas de regularización ilegal de inmigrantes --la última, de paquistanís en Caspe, hace unos meses--, habitualmente mediante empresas y contratos laborales falsos.

Estas, como en el caso de la caspolina, suelen contar entre los líderes de la organización con ciudadanos españoles, expertos en legislación o negocios, que proporcionan cobertura legal a estos comercios fraudulentos. Pero acaban siendo juzgados tanto estos cabecillas como los extranjeros que aceptan su ayuda.