Familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 han denunciado nuevas irregularidades en los traslados de los cuerpos a sus ciudades de origen y en las incineraciones de los cadáveres. Varios afectados aseguran que se transportaron sin autorización judicial y que la cremación no podía practicarse en un plazo de cinco años al haber una investigación abierta en Turquía.

En concreto, las fuentes consultadas explicaron a este periódico que, tras el funeral oficiado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz el 28 de mayo del año pasado --dos días después del accidente--, los empleados de la empresa funeraria encargada de llevar los restos mortales a las distintas comunidades de los militares no entregaron toda la documentación necesaria. Una sarta de supuestas ilegalidades que se suman a los errores en las identificaciones de los 30 cadáveres que reconoció el equipo médico español.

"En los papeles había una casilla sin rellenar. Y ése, precisamente, era el espacio reservado para la autorización del juez, que era necesario al haberse producido las muertes con violencia en un accidente", señaló un allegado. Curiosamente, dicha compañía es la misma que ha contratado el actual Ministerio de Defensa para colaborar en las exhumaciones.

La hipótesis que barajan se centra en que el juez togado militar de Torrejón se negó a firmar los permisos, aunque se desconoce el porqué. "Debió intuir lo que estaba ocurriendo, porque de lo contrario no tiene sentido su actitud", agregaron las fuentes consultadas.

Sólo en algún caso excepcional las familias recibieron la autorización, pero varias horas después de que llegara el cuerpo a su destino y tras haberla exigido con insistencia. Ahora bien, éstas estaban suscritas por el juez togado militar de Zaragoza, no por el de Torrejón.

Además, los afectados también aseguran que al haberse iniciado una investigación judicial en Ma§ka (Turquía) tras el siniestro, nunca debieron incinerarse 14 cuerpos --11 de ellos corresponden a soldados mal identificados--. "Debe transcurrir un plazo de cinco años para poder cremar en este tipo de casos, pero nadie nos lo explicó", alegaron.

Por otra parte, ayer terminaron las reuniones entre representantes de Defensa y las 30 familias afectadas por los fallos en los reconocimientos para recabar las solicitudes formales de las exhumaciones. En principio, el ministerio tiene previsto trasladar entre hoy y el lunes a la Audiencia Nacional todas las peticiones a fin de que la juez Teresa Palacios dé luz verde al proceso.

29 de los 30 afectados quieren desenterrar los cuerpos de sus seres queridos, aunque una familia se niega a ello, al igual que hiciera con las pruebas de ADN.