Las familias de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso en Andorra, Víctor Caballero y Víctor Romero -salvo la viuda de este último- han concretado en el juzgado su intención de que el Estado pague como responsable civil por los crímenes de Norbert Feher, al considerar que un sinfín de despropósitos contribuyeron a que el criminal fugado en Italia no fuese arrestado antes. No es que no se viera venir, a tenor de cómo han transcurrido los interrogatorios de los agentes durante la instrucción, pero hasta ahora no habían sido tan concretos.
Así, tanto el letrado de la familia de Romero, como el de la de Caballero y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han remitido escritos exponiendo a la jueza los hechos que, a su juicio, parecen acreditados: que Italia ya situaba a El Ruso en España, y se localizó a un cómplice suyo en Valencia, y no se avisó; que el chaleco antibalas de dotación de Romero le venía pequeño (entienden que porque no había suficientes); que tras el tiroteo previo de Albalate no se dio aviso de emergencia grave ni se dispuso un operativo adecuado de búsqueda o que los agentes que había en la zona eran insuficientes y no conocían la zona, por lo que tuvieron que recurrir a civiles como guías.
Por todo ello solicitan que la jueza pida información a la Delegación del Gobierno o la Guardia Civil para acreditar estos extremos, de cara a solicitar la responsabilidad civil del Estado, incluso por un «delito de riesgo» por falta de prevención. Uno de los letrados cuestiona el informe de la pieza tecnológica que, como adelantó este diario, descarta que Igor el Ruso tuviese cómplices en la zona. Llevaba demasiados bultos para ir en bici, concluye.
