El responsable de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, por fin ha recibido la auditoría externa que FCC encargó sobre el contrato de mantenimiento de los parques y jardines en la capital, y este ha concluido que el coste real del mismo asciende a «773.000 euros» al mes. Una cifra que hizo que el edil de Zaragoza en Común (ZeC) sacara pecho porque coincide con la que señalaban los técnicos municipales y los informes encargados a la empresa Akal para estudiar la municipalización, a los que la oposición no dio ningún crédito, y difiere de los «dos millones adicionales al año» que reclamaba la multinacional en las negociaciones del año pasado.

El edil de ZeC aseguró que esta no es la certificación definitiva del pasado mes de enero, que lleva dos meses esperando, pero confió en que la factura, cuando llegue, sea parecida a esta cifra. Será entonces cuando el consistorio decida si lo recurre o no. Si lo es, a tenor por la celebración de Cubero, no parece que eso suceda. Pero mantiene cautela, y cargó las tintas contra la multinacional y los partidos que «criticaron» el trabajo de los técnicos y dijeron que sus informes «eran falsos». Ahora quien lo dice es la propia contrata.

La cifra de 773.000 euros hace referencia al coste en bruto, ya que a ella habrá que añadir «el beneficio industrial, el 4% o el 6%; los costes generales, el 6%; y el IVA, del 10% al 20% según los trabajos». Aún así, el concejal de Servicios Públicos destacó que el contrato que vencía en diciembre del año pasado fijaba el pago en «11,5 millones anuales», lo que «equivale a un pago mensual de unos 960.000 euros». Sumando todos esos porcentajes adicionales, que están en discusión con la empresa ahora mismo, la factura sería casi idéntica.

«Los que estaban mintiendo eran otros», recalcó Cubero, quien reprochó a FCC que recurriera al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) la licitación de la nueva contrata cuando el coste real del servicio, según su propia auditoría, se asemeja más a lo que el edil defendía que a lo que la empresa reclamaba.

De hecho, el nuevo contrato se licitó por 13,5 millones «2 millones más» pero no porque aceptara su reclamación, sino porque incluía mejoras sociales y ambientales, así como un plan de poda en toda la ciudad que todavía no puede hacer porque está paralizado y a la espera de resolución. Por eso, Cubero defendió que esto puede tardar varios meses mientras ahora ambas partes ya saben lo que cuesta mantener las zonas verdes. «Queremos que salga cuanto antes», afirmó en referencia a la resolución del TACPA. «Toca recriminar la actitud de la patronal en esta ciudad, porque se las quieren llevar limpias», añadió. Mientras, seguirán con los reconocimientos de obligación (facturas que se pagan por no tener contrato), aunque «no es la fórmula que nos guste».