Las tensiones políticas llevan camino de alcanzar mayor protagonismo que las laborales en los próximos días, si empieza a cicatrizar la brecha abierta entre la dirección y el comité de empresa de FCC en el servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza. La huelga indefinida alcanzará la próxima semana el primer mes, el tercero desde que surgió el enfrentamiento por la rebaja salarial del 21% aplicado a toda la plantilla, y los responsables de la contrata han decidido convocar a los representantes de los trabajadores el próximo lunes a una reunión en la que fijar un calendario "intensivo" de negociación. Pactar un ritmo más alto de negociación y, quien sabe, quizá mejorar su última propuesta, que dejaba el recorte en el 15%. Pero con el objetivo "de sentarnos hasta que demos con la solución", afirmaron ayer desde la empresa.

El problema es que no se antoja fácil. Sobre todo si, como ya adelantó este diario, las mejoras que piensan trasladar a esa mesa de negociación irán en función de lo que esté dispuesto a renunciar el ayuntamiento en el apartado de inversiones prometidas en el servicio. Aunque en el ayuntamiento nadie quiere hablar de una negociación paralela a la que puedan tener sindicatos y dirección. Pero al menos ahora cambia tanto el escenario --ya no será el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) sino las instalaciones en la carretera de Castellón-- como el convocante de este encuentro, que serán los directivos de la multinacional en Zaragoza.

Y un hándicap añadido será, para iniciar ese mismo calendario, el nivel de enconamiento al que han llegado ambas partes. Intercambiándose denuncias, o acusaciones graves.

Pero el conflicto político también está servido. Ayer IU, a través de su portavoz José Manuel Alonso y el edil Raúl Ariza, ya le trasladó al responsable municipal de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, que si no da toda la información requerida "tendrá consecuencias" y pedirán responsabilidades. Afirmaron estar cansados de que haga caso omiso a sus sospechas de incumplimientos del pliego y "no tolerará" este trato. Si no da toda la información requerida sobre el trabajo que realiza FCC para "verificar la argumentación de la empresa y ver si coinciden con los argumentos que da Blasco".

Su paciencia "se ha terminado", dijeron. Como con el caso de Las Armas, donde una sentencia judicial declaró nulo el proceso de adjudicación y Blasco prometió resolver pero han pasado cinco meses y no hay nada.