El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha citado a la empresa que se encarga del mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza, FCC, y al comité el próximo martes, tras el puente de Reyes. Según los trabajadores, ha sido la única forma de poder sentarse a negociar con la dirección ya que, indicaron, FCC declinó mantener un encuentro con los representantes sindicales si mantenían la convocatoria de la huelga indefinida, prevista para el 20 de enero.

Desde la compañía se muestran «confiados» en que el comité desconvoque unos paros que según la empresa se han organizado por una cuestión «mas política que laboral» y hace un llamamiento a «la sensatez del comité ante esta nueva impugnación de Acciona, que puede demorar la licitación más de un año».

El comité lo tiene claro y solo desconvocará la huelga si la multinacional «presenta una oferta justa que haga recuperar el poder adquisitivo perdido estos años por la plantilla y ofrezca mejoras sociales que favorezcan la igualdad, la conciliación, la contratación indefinida, la formación o la seguridad y salud de la plantilla».

Los trabajadores cuestionan que FCC haya mantenido «congeladas» las condiciones laborales mientras que ha estado ingresando 300.000 euros extra cada mes desde el 1 de enero del 2018. Esto sucede porque presta el servicio en reconocimiento de obligación, una fórmula utilizada en las administraciones locales cuando el contrato caduca.

Por si fuera poco, apuntan a que las cuentas de la ciudad para el 2020 contemplan un incremento de un 60% del presupuesto para la contrata, que pasará de los «12 millones a casi 20 millones de euros». Una diferencia que, añaden, debería permitir mejorar su situación laboral en la empresa.

La concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ya ha manifestado en más de una ocasión su intención de renegociar con FCC el coste del servicio para evitar tener que pagar 300.000 euros más mensualmente. Una situación que puede prolongarse, como mínimo, durante un año más, que es el tiempo que necesitará el consistorio para redactar unos nuevos pliegos de condiciones, sacar a concurso público la gestión de las zonas verdes y adjudicar el servicio. Eso, si no se producen nuevos recursos, como ha sucedido. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) anuló, a petición de Perica, la adjudicación a Acciona que, a su vez, lo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.