Feministas piden 85 millones más en los PGE para poder erradicar la violencia

La comisión especial de estudio de las Cortes sobre las políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista ha recibido hoy a dos representantes de la coordinadora, Josefina Musulén y Paloma Lafuente, quien ha explicado que las asociaciones que forman parte de la coordinadora tienen un "alto nivel de indignación" por la escasez de la dotación presupuestaria en un asunto en el que "hace falta dinero".

A pesar de que las partidas han subido un diez por ciento, siguen un 11 % por debajo de las consignadas en 2010, además de que se han eliminado "de un plumazo" los 19 millones que se destinaban a igualdad.

A juicio de Lafuente, es "urgente, importante y obligado" que esta sea una "cuestión de Estado", y para ello hace falta "legislación, educación y dinero".

En cualquier caso, ha enfatizado que el abordaje del problema requiere "ir a la causa", porque el machismo "no surge por generación espontánea", y ésta no es otra que el sistema patriarcal, "que hace que algunas mujeres estén siendo asesinadas".

Por su parte, en su intervención, Musulén ha puesto el acento en el tratamiento, apoyo y atención que se presta a las víctimas, que deben considerarse así cuando están sometidas no solo a maltrato físico, sino también psicológico o económico.

Ha advertido de que el maltrato no se acaba con la interposición de la denuncia, y aunque ha reconocido que el Instituto Aragonés de la Mujer ha implantado una figura parecida al acompañante de la mujer, este recorrido es "muy largo" y "queda mucho por hacer".

Lo primero que hay que solucionar, ha estimado Musulén, es que algunos servicios de asesoría jurídica o psicológica solo se presten después de presentada la denuncia, entre otras cosas porque se estima que solo lo hacen un 20 % de las víctimas.

También habría que cambiar que el apoyo psicológico a los hijos de las víctimas solo se pueda prestar con el acuerdo de los dos progenitores, porque "es imposible ayudar a la mujer maltratada si no se ayuda a sus hijos".

Además, y teniendo en cuenta que el 30 % de las denuncias se retiran, la coordinadora cree que la fiscalía debería continuar investigando de oficio en estas situaciones, cuando la mujer "ya no tiene fuerza suficiente" para seguir con el proceso judicial.

Muchos de estos procesos pueden concluir con una sentencia en la que se impone la custodia compartida y, según Musulén, los jueces deben de ser conscientes de que un maltratador "nunca puede ser un buen padre", motivo por el que ha instado a revisar esta cuestión.

También han comparecido ante la comisión dos miembros del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza.

Desde esta entidad, Concha Gaudó ha incidido en la importancia de la tarea educativa a todos los niveles, con la revisión de los currículos para añadir materias y la incorporación de asignaturas específicas en los grados universitarios, porque la transversalidad de la educación en igualdad es "muy poética, pero muy poco práctica".

Por su parte, Arantxa Novales ha detallado varios aspectos que consideran esenciales en el SIEM para que las políticas públicas contra la violencia machista sean eficaces, la primera identificar claramente el problema y si éste tiene relación, por ejemplo, con alcoholismo, drogadicción o ludopatía, para atacar la raíz del mismo.

La coordinación de las instituciones implicadas es otra necesidad, además de revisar el ámbito jurídico y, entre otras cosas, conseguir el cumplimiento íntegro de las penas y analizar la posibilidad, en algunos casos, de completarlas con trabajos en beneficio de la comunidad o asistencia a programas de desintoxicación o de formación.

Novales ha añadido que quizá habría que "limitar" la publicidad que se da a estos casos de violencia y asesinatos machistas en los medios de comunicación "para no dar ideas a quien no está bien de la cabeza".