--¿Qué valoración hace de estos 25 años de funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)?

--Ha habido cambios sustanciales de los que, a lo mejor, en el día a día no nos damos cuenta. El acta de constitución ponía de relieve las penurias y la escasez de medios con las que tradicionalmente la Justicia ha vivido. Seguimos teniendo algunas carencias, pero hemos mejorado ostensiblemente. La política de edificios ha cambiado sustancialmente el mapa judicial de Aragón. Hemos avanzado bastante en medios técnicos, aunque todavía tenemos algunas carencias, y de una manera notoria en la formación de los jueces y de todos los operadores jurídicos.

--¿Y de sus diez años al frente del TSJA?

--En esos diez años también ha habido cambios. Algunos juzgados, como Caspe o Fraga, tenían unas sedes inadmisibles y hoy se ha terminado prácticamente la política de mejora de espacios judiciales, que incluye la entrada en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia en Ranillas. Ahora hay que poner en valor esos espacios. He insistido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en que Zaragoza podría ser una sede importante de formación descentralizada de Madrid.

--Su sucesor va a tener que emplearse en el asunto de la reforma del mapa judicial. ¿Vienen tiempos de cambio?

--A veces aparecen nubarrones, cambios legislativos que pueden dar lugar a cambios que en este territorio pueden ser muy sustanciales. Si la creación de los tribunales de instancia no se hace bien y no se adapta al territorio podemos crear un desierto judicial. Centralizarlo todo en las capitales de provincia es algo que debe pensarse dos veces. Pienso en el ciudadano que vive en pequeñas poblaciones y en los profesionales del derecho, como abogados, asesorías y gestorías ue trabajan allí. Todo eso corre peligro.

--¿Piensa que esa reforma afecta al derecho a la tutela judicial efectiva?

--Ese derecho requiere no solo formas sino posibilidades reales, y si estas no existen porque el juicio es demasiado caro o porque es demasiado complejo el desplazamiento, estaremos afectando a la tutela judicial efectiva. Y eso es malo. Cuando se ha consolidado un Estado de derecho hay que pensar que esos derechos son para todos, vivan en una capital o en una pequeña población. No debe quedar nadie al margen del sistema jurídico.

--Las tasas también afectan al acceso de los ciudadanos a la Justicia. ¿Qué efectos están teniendo en Aragón?

--Las tasas son algo discutible y discutido. En Aragón, con arreglo al privilegio general, se estableció que nadie debe pagar a los jueces por que administren justicia. No tiene sentido que haya una tasa para esto. Se puede discutir si debe haber o no una tasa en este servicio, como en otros. La cuestión es la cuantía: si la tasa, por su cuantía, permite o no acudir a una instancia judicial. Me refiero sobre todo a los recursos: 800 euros por interponer un recurso de apelación, cuando un tercio de ellos son estimados en todo o en parte. Si no remediamos eso no estamos dando el derecho al proceso debido que recoge el convenio europeo de Derechos Humanos. En la Sala Civil y Penal estamos teniendo muchos recursos, pero solo en las materias en las que no hay tasa. Eso significa que a medio plazo vamos de dejar de emitir jurisprudencia en esos asuntos, y es necesario que la haya.

--Los dos últimos gobiernos, con el vencimiento objetivo y las tasas, parecen tener un especial interés en dinamitar la jurisdicción Contencioso Administrativa, la que controla a los poderes.

--Esa jurisdicción es fundamental en nuestro sistema. Y suele ser respetuosa: no se mete en cómo debe organizarse la Administración aunque sí le dice en ocasiones que ha vulnerado la legalidad. Una limitación del acceso a ella puede mermar el Estado de derecho, porque cualquiera puede tener la tentación de salirse de la norma si cree que nadie le vigila.