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presidente del tribunal superior de justicia de aragón

Fernando Zubiri pide dar un salto cualitativo en la administración de justicia

Última comparecencia de Zubiri en las Cortes como presidente del TSJA, cargo que a partir del 6 de octubre asumirá el magistrado Manuel Bellido Aspas

 

El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, en foto de archivo de una comparecencia ante las Cortes. - Foto: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

EFE / Zaragoza
29/09/2014

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, quien la próxima semana será sustituido en el cargo, ha emplazado hoy a dar un "salto cualitativo" en la administración de justicia.

En su última comparecencia en el Parlamento aragonés como presidente del TSJA, cargo que a partir del 6 de octubre asumirá el magistrado Manuel Bellido Aspas, ha agradecido el apoyo que ha tenido y ha destacado que en Aragón se avanza "poco a poco" en el reto de mejorar la calidad de la administración de justicia, en medios materiales y personales.

Zubiri ha indicado, durante la presentación de la memoria del tribunal de 2013, que se ha realizado un esfuerzo considerable, que todos los juzgados y tribunales están ocupados por jueces titulares, que la confirmación de sentencias fue del 95,4%, y del 93,6 el año anterior, y que la ratio de jueces está un poco por debajo de la media nacional.

Al respecto, también ha resaltado que en la Comunidad el plazo de resolución de conflictos es menor en los juzgados de primera instancia e instrucción, 5,1 meses frente a los 7,6 del conjunto de España, mientras que el nivel de litigiosidad es similar, 192.032 casos el año pasado en los juzgados aragoneses.

Zubiri se ha referido, según se recoge en la memoria, al aumento de casos registrado en la jurisdicción social, donde hubo un retraso "preocupante", mientras que se han mantenido en la penal y ha tenido un descenso en los ámbitos civil y contencioso, tras el pico de 2009 a causa de la crisis económica.

En el ámbito penal, ha reconocido que no ha habido un cambio "muy notorio" de casos, bien sea por la eficacia de las Fuerzas de Seguridad o por el nivel de educación de la ciudadanía, que cuando protesta lo hace con arreglo a normas de derecho, ha dicho.

Ha achacado el descenso de los litigios en el contencioso administrativo a la bajada de la actividad del sector publico y a las nuevas tasas judiciales, respecto a las cuales ha subrayado que hay que asegurar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, sin la cual el Estado de Derecho pierde una de sus señas de identidad.

Al respecto, ha incidido en que sería bueno disminuir la litigiosidad mediante la mediación, el arbitraje o la conciliación en todos los operadores y materias de la justicia, pero si se restringe la posibilidad de acceso a la justicia se estará "mermando" las garantías constitucionales de los ciudadanos.

En este sentido, ha dicho que las elevadas tasas pueden afectar al recurso de casación foral y se podría estar limitando además de los derechos ciudadanos la creación de jurisprudencia en el Derecho Foral de Aragón, por lo que ha emplazado a estar alerta.

Preguntado por los diputados, ha precisado que han disminuido los casos de desahucios de vivienda y lo ha achacado al convenio suscrito en 2013 para evitar que la gente que no tiene alternativa se quede sin vivienda y a la actuación de los tribunales europeos, como en el caso de la anulación de las cláusulas abusivas.

Sobre la dotación de edificios, ha resaltado que ha habido cambios cualitativos en los últimos años y que se dispone de una estructura de medios actualizada, destacando la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y la nueva sede de los juzgados de Huesca.

Zubiri ha reiterado la necesidad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar la justicia, ya que la tardanza en resolver los casos no es "fácilmente admisible ni entendida" por la ciudadanía.

Los portavoces de los grupos de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario han trasladado a Zubiri sus principales preocupaciones, como los procesos de desahucios o las tasas judiciales y la necesidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia en condiciones de equidad.

Patricia Luquin (IU) ha reclamado que se garantice el acceso a las justicia de todos los ciudadanos, José Luis Soro (CHA) que no se priorice los criterios economicistas por encima de las personas, Joaquín Peribañez (PAR) que no desaparezcan los partidos judiciales y Carlos Tomás (PSOE) que los jueces pongan "corazón" en procesos como los desahucios o los casos de violencia contra la mujer.

Fernando González (PP), por su parte, ha señalado que la administración de justicia esta funcionando "razonablemente bien", que hay cosas que mejorar, pero que se mantiene como una institución independiente por encima de las luchas partidistas.