«Es el futuro». Para el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, no cabe duda de que el coordinador de parentalidad, la figura que normaliza las relaciones paternofiliales después de una ruptura, tendrá un peso específico en los años venideros y aboga sin ninguna duda por que una modificación legislativa regule sus funciones. Además, Dolado considera que no solo en Aragón resultaría interesante este perfil, sino que también lo sería para el resto de las comunidades autónomas y se muestra convencido de que España seguirá este camino.
En ese sentido, señala que se trataría de un profesional que desempeñaría una función auxiliar para el juez, de manera que tendría como finalidad principal examinar los distintos ambientes -como el laboral, el escolar o el familiar- para informar de manera periódica a los magistrados acerca de si lo establecido sigue beneficiando a los menores. Precisamente, recuerda que para los jueces, su «preocupación» después de dictar sentencia es saber cómo está siendo su ejecución, en relación al bienestar de los pequeños.
Un medida pionera
No en vano, en noviembre del año pasado, cuando todavía era el titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zaragoza, el actual Justicia introdujo de manera pionera -ya tiene acomodo en otros países como Estados Unidos- esta figura en Aragón. Lo hizo en una sentencia en la que nombró a un psicólogo como coordinador de parentalidad en un caso de custodia compartida, con el fin de mitigar los conflictos entre las partes y pacificar las relaciones de familia, de manera que ejerciera el papel, como cita antes, de auxiliar del juez. Aún con todo, su postura a favor de la introducción de los coordinadores no le hace olvidar el papel del Ministerio Fiscal «como garante también de los derechos de los menores».
Pionera, como la introducción de esta figura de coordinación, fue la ley aragonesa de la custodia compartida, un texto que Dolado siempre ha defendido y que, interrogado acerca de su aplicación desde que entrara en vigor en el 2010, juzga que es «netamente positiva».
El caso concreto
Sobre esta norma, recuerda que, aunque contenga el criterio de preferencia por la custodia compartida, los magistrados siempre resuelven «al caso concreto», lo que significa que analizan cada situación para tomar la decisión más oportuna.
Sobre la posibilidad de que exista una legislación nacional, el Justicia se muestra partidario, eso sí, dejando claro que Aragón ya tiene una ley al respecto, «que es preferente». «De lo que se trata es que rememos todos en la misma dirección, el interés de los menores», apostilla.
Y acerca de las dificultades que se enfrenta en su desarrollo, como los retrasos en los juzgados que se le achacan, subraya la necesidad de medios. En ese sentido, considera «muy importante» que se aumenten las plantillas de los profesionales psicosociales. «Los medios tienen que estar al nivel de lo que se exige en una sociedad moderna», concluye.
