Las recientes modificaciones que las distintas administraciones han llevado a cabo en relación a las ayudas para las viviendas de protección oficial (VPO) han provocado un fuerte malestar entre los afectados, debido a que los cambios en la legislación en la subsidiación del préstamo convenido y la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) han dejado pendiente de pago una suma de 1,2 millones de euros solo en la comunidad aragonesa, ya que los beneficiarios, según sus ingresos, contaban con una subvención de entre 5.600 y 12.600 euros por piso.

En Zaragoza, los barrios principales que han sufrido este problema son Arcosur, Valdespartera y Rosales del Canal, donde ha habido una construcción masiva de VPO. Su supresión supone entre 80 y 100 euros más al mes en la hipoteca. Una de las cosas que los grupos de afectados reclaman es que "aunque esta ventaja es eliminada, aquellas obligaciones contraídas en la adquisición de una VPO (como la imposibilidad de alquiler o la imposibilidad de venta antes de diez años) se mantendrán", explicó Luis Solana, del gabinete de abogados Mainar&Solana-Plaza, que está tramitando la mayoría de las quejas.