El debate de la comunidad de la próxima semana será el último de la legislatura, por lo que permitirá un análisis de las políticas del Gobierno autonómico en el conjunto del mandato de Luisa Fernanda Rudi. Perdida la baza del equilibrio económico, con el déficit del 2013 y lo que llevamos del 2014 disparado por encima de lo permitido por el ministro Montoro, la presidenta deberá modificar el eje básicamente economicista de discursos anteriores. El incumplimiento de la consolidación fiscal representa una tacha importantísima e indisimulable. Así que más que justificar el porqué del desbarajuste entre ingresos y gastos, la presidenta se verá obligada a esgrimir nuevos proyectos. En esa línea se enmarcan las dos leyes presentadas esta semana junto al PAR para defender los derechos históricos de Aragón y para reordenar competencias entre las diferentes instituciones territoriales. Cobra gran relevancia esta última, pues la mayor ausencia de la legislatura 2011-2015 ha sido precisamente la falta de determinación para acometer una reforma administrativa que redundara en el ahorro de dinero público sin perder eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios. Precisamente haber dejado esta reforma clave para el final, entre otras cosas por las dilaciones también mostradas al respecto por el Gobierno central de Mariano Rajoy, ha dejado en agua de borrajas los intentos de Rudi de cuadrar las cuentas y llegar al final de su mandato con una mejor salud financiera.
