El modelo de financiación autonómica solo pone de acuerdo en un aspecto a las comunidades autónomas: todas se consideran infradotadas y aprecian que es un mal sistema. El PP llegó al Gobierno con la intención de reformar el sistema instaurado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que ellos se habían encargado de criticar por los desequilibrios que, a su juicio, generaba entre comunidades.
Anunciaron una reforma que, sin embargo, tal y como esta semana ha dejado caer el Ministerio de Hacienda, podría posponerse a la próxima legislatura. Los múltiples frentes abiertos y la guerra abierta entre diferentes barones territoriales del PP aconsejan este paso atrás que, sin embargo, se vería como un fracaso político en la acción política de Mariano Rajoy. Esta semana, desde el ministerio se ha desprendido la posibilidad de que el Gobierno posponga una revisión en los complejos criterios de reparto y se limite a aplicar una tímida reforma fiscal que permita recaudar más a las comunidades, en especial a aquellas con más asfixia financiera y que se sienten peor paradas, como Madrid o Cataluña.
Las intenciones de Cristóbal Montoro han sorprendido en el Pignatelli, y más cuando la presidenta Luisa Fernanda Rudi se apuntó el tanto de conseguir que públicamente el presidente Mariano Rajoy se comprometiera a tratar de hacer que las reivindicaciones aragonesas se tuvieran en cuenta en el debate sobre la financiación. Esas reivindicaciones son claras y se comparten, en un grupo creado, con comunidades como Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Castilla La Mancha. Que se tenga en cuenta la despoblación, la dispersión y el envejecimiento como factores que encarecen notablemente los servicios que se prestan a la ciudadanía. Unos criterios no siempre tenidos en cuenta y contra los que luchan las comunidades más pobladas.
En plena precampaña
Al Ejecutivo autonómico, en principio, no le parece desacertado posponer el debate. "Es mejor aplazarlo que abrir un melón que se podría convertir en un guirigay", apunta un dirigente del Ejecutivo. Y ese guirigay convendría menos cuando a la vuelta de la esquina se van a celebrar elecciones autonómicas. "Sería malo para todos que la financiación de las comunidades enturbiara los meses previos a la campaña, y mucho más que se tomaran decisiones que no atendieran a las necesidades de cada una de ellas", apunta.
Es la opinión generalizada y la que comparte también el ministerio, aunque no se oculta que se ha sido incapaz en dos años y medio de conseguir un acuerdo, a pesar de que en el órgano donde se toman estas decisiones, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el PP tiene una mayoría aplastante.
Además de la proximidad electoral, también sobrevuela el conflicto con el proceso soberanista de Cataluña, que no deja de tener como telón de fondo un problema de financiación. Precisamente, la propuesta de ceder más tributos a las comunidades se contempla como un intento de satisfacer a la Generalitat, que ha hecho de su mala financiación un casus belli. Esto podría beneficiar de rondón a otras comunidades, en especial a aquellas con más autonomía financiera.
Sin embargo, a nadie escapa que Montoro está teniendo graves dificultades de entendimiento con los consejeros de las respectivas Haciendas autonómicas. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, es de los pocos que se ha atrevido a rebatirle en público, pero a muy pocos gusta la escasa diplomacia del ministro. También en Aragón ha sentado mal su actitud ante el desfase del déficit de la comunidad, aunque en los últimos tiempos se ha reconducido la situación. Aragón no tiene directrices escritas e impuestas del ministerio para aplicar los recortes de su plan de reequilibrio y se hace de una forma consensuada y directa entre ambas administraciones. Y el propio ministro ha elogiado en los últimos días los esfuerzos de Aragón y ha dicho públicamente que este año las previsiones son buenas.
