El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dio ayer luz verde definitiva a la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá regularizar la situación de todas aquellas fincas que, ubicadas en suelo no urbanizable, estaban acogiendo eventos -especialmente bodas- sin poder hacerlo. El visto bueno municipal recibió la unanimidad de la corporación, que ayer incorporó un añadido al texto, a petición del PSOE, que era el de proporcionar un periodo transitorio de un año para formalizar su regularización adaptada ya a la nueva normativa.

Se ponía fin a una polémica levantada en febrero del 2016 y que ha tardado dos años en resolverse. Así, el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, informó de que se suspenderá la incoación de los expedientes abiertos en aquellos casos en los que se podrá regularizar y destacó que esta es una «solución a futuro y para todos los suelos» en esta situación. Para la socialista Lola Ranera, el plazo de un año, propuesto por los técnicos y servicios jurídicos, es «razonable» y subrayó que esta decisión «permite solucionar problemas». «Con trabajo, consenso y sentido común hemos resuelto algo que no era fácil», dijo Alberto Casañal, de Ciudadanos. La nacionalista Leticia Crespo valoró el «esfuerzo unánime» y el conservador Pedro Navarro lamentó que se haya tardado más de un año en zanjar un expediente «para el que tenía unanimidad».