Las pruebas periciales, como análisis del experto, suelen ser el elemento al que los jueces pueden agarrarse más fácilmente a la hora de emitir un juicio con conocimiento de causa. No es extraño que, en una vista, los peritos de parte --pagados por la defensa o la acusación-- ofrezcan una interpretación más favorable a su cliente, siempre en los límites de la imparcialidad profesional. Pero lo que ayer se vio en la Audiencia Provincial de Zaragoza fue llamativo: de seis peritos calígrafos, dos sostuvieron que la firma estampada en unos pagarés era auténtica, cuatro que era falsificada y uno de estos que la había estampado el hermano de su presunto autor; algo que el resto negó.

La disparidad en torno a un elemento tan objetivo como la firma dejó descolocados incluso a algunos abogados, que pensaban que la grafología era algo más objetivo. Aunque una de las peritos explicó que se podían usar más o menos criterios en el análisis, y dependiendo de ello los resultados podían variar.

El caso que se juzgaba era la presunta falsedad documental y estafa que cometió uno de los administradores de la empresa Termoaragón, Javier G. G.. Al que por cierto, solo uno de los peritos, el judicial, analizó la escritura y descartó como falsificador.

Según la Fiscalía, el hombre robó un talonario de una de las empresas que frecuentaba como comercial, en Ejea. Hizo que alguien falsificase la firma del dueño y estampó un sello falso, con lo que logró alrededor de 65.000 euros, antes de entrar en concurso. Los pagos fueron bloqueados, de forma que son los bancos lo que reclaman.

El administrador, que afronta cuatro años de prisión, aseguró que le pagaron conscientemente los empresarios ejeanos, como adelanto de un material de obra y para llegar al gasto que les permitiese ser invitados a un viaje para clientes VIP.